El Faro | Miércoles 22 de octubre de 2014
Un juez argentino ordenó la detención de 18 militares y policías acusados de delitos de lesa humanidad, en el campo de concentración conocido como ESMA, ocurridos en la última dictadura militar (1976-1983)
Un juez argentino ordenó ayer la detención de 18 militares y policías acusados de delitos de lesa humanidad por su participación en la violación sistemática de los derechos humanos acaecida en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) de Buenos Aires durante la última dictadura militar argentina (1976-1983). Entre los represores sobre los que pesa la orden de detención se encuentra Juan Carlos Fotea, extraditado desde España el pasado año. La noticia fue recibida con satisfacción por organizaciones de defensa de los derechos civiles.
La mayoría de los 18 represores cuya detención fue ordenada permanecía en libertad hasta ayer y, aunque señalados por las víctimas, nunca antes habían sido oficialmente imputados por torturas, asesinato y desapariciones. En algunos casos, como el de los marinos Alberto Vigo y Edgardo Otero, el juez federal Sergio Torres les imputa hasta 318 delitos de lesa humanidad. Todos ellos se unen así a los cerca de 25 ex militares y policías que ya permanecen arrestados en lo que se conoce como megacausa ESMA. La sede de la escuela, situada en una de las principales avenidas de Buenos Aires y convertida en la actualidad en el Museo de la Memoria, está considerada el mayor centro de detención clandestino de la dictadura. Se calcula que unas 5.000 personas fueron torturadas en sus instalaciones y la mayoría de ellas desaparecieron.
Los acusados son los oficiales de la Armada Miguel Ángel Rodríguez, Julio Binotti y Carlos Capdevilla, y los marinos Luis Wis Navarro, José Estévez, Leopoldo Suárez del Cerro, Mariano Palet, Rubén Franci, Eduardo Girling. Edgardo Otero, Ricardo Lyn Jones, Alberto Vigo, Carlos Daviou y Miguel García-Velazco. También figuran los policías Juan Carlos Fotea y Claudio Pittana, así como Jorge Díaz Smith, perteneciente a la Prefectura Naval Argentina.
Una vez que sean puestos bajo custodia, los detenidos serán internados en cárceles comunes y no en un establecimiento militar, como venía ocurriendo hasta ahora. Concretamente, estos acusados serán internados en el penal de Marcos Paz. La decisión fue adoptada el pasado sábado por un tribunal federal para evitar casos como el del represor Héctor Febres, quien el pasado diciembre apareció envenenado en su celda de una institución castrense tras haber manifestado a sus familiares su voluntad de declarar todo lo que sabía.
El mismo tribunal denegó de esta manera el recurso presentado por el conocido torturador Jorge Tigre Acosta, imputado en la causa de la ESMA, por su traslado a una prisión civil.