Vía libre para los objetores de Educación para la Ciudadanía

La consejera de Educación, Lucía Figar, señaló ayer que, tras el precedente que sienta la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía reconociendo el derecho a la objeción de conciencia frente a la asignatura Educación para la Ciudadanía, la Comunidad de Madrid eximirá de asistencia y evaluación a los alumnos objetores.

Figar manifestó que mientras no haya ningún cambio sobre la implantación de esta asignatura la Comunidad cumplirá con su obligación legal de impartirla el próximo curso en 2º y 4º de la ESO, pero sin menoscabar el derecho de los padres a elegir la formación moral y religiosa de sus hijos que ha reconocido el Alto Tribunal andaluz.

Asimismo, Figar ha señalado que “mientras no haya una sentencia del
Tribunal Supremo que unifique doctrina, la Comunidad de Madrid hará la lectura más favorable posible para los derechos de las familias, teniendo en cuenta que están en juego derechos fundamentales”.

La consejera de Educación ha mantenido una reunión con distintas organizaciones de padres y del mundo educativo que defienden la objeción de conciencia frente a la asignatura para explicarles que la Comunidad de Madrid habilitará una entrada en el registro de la Secretaría General Técnica para recoger las objeciones de las familias madrileñas a la asignatura.

Más de 1.000 objeciones
En lo que va de año y a pesar de que durante este curso no existe la asignatura Educación para la Ciudadanía, que empezará a impartirse en la Comunidad de Madrid el próximo curso, la Consejería de Educación ha recibido un total de 1.113 objeciones.

Figar ha destacado la importancia de que se considere un derecho constitucional que cuenta con el respaldo de distintas sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (sentencias de 29 de junio y 9 de octubre de 2007), que reconoce la legitimidad de los padres a que se respete la educación de sus hijos, sus convicciones religiosas y filosóficas, y el deber del Estado de respetar estas convicciones en el conjunto del programa de la enseñanza pública.

Asimismo ha destacado el precepto constitucional (artículo 27.3) que establece que “los poderes públicos garantizarán el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”. Entre los asistentes a la reunión que ha mantenido esta mañana la consejera de Educación figuran representantes de Profesionales por la Ética, del Foro de la Familia, de la COFAPA (Confederación de Padres de Alumnos), de la CECE (Confederación Española de Centros de Enseñanza), de la CONCAPA (Confederación Católica de Padres de Alumnos), y de la fundación San Pablo CEU.