“Este convenio no se ajusta a la ley regional”

El debate más importante que durante los últimos meses ha envuelto los plenos de Collado Mediano, es de tipo urbanístico: la modificación del uso deportivo de una parcela municipal de 6.000 metros cuadrados para uso educativo y asistencial en la zona del Reajo. Dicha parcela colinda con otra de 13.000 metros de terreno privado de uso deportivo que también se está intentando modificar a educativo asistencial.

A partir de esta coincidencia en el cambio del uso se ha suscrito un convenio, publicado en junio, entre la empresa Club El Roble S.A., promotora de la parcela privada, y el Ayuntamiento. Todos los grupos de la oposición se niegan a la firma del mismo y acusan al alcalde, Juan Carlos Bustos, de “no hablar claro”.

El Ejecutivo, sin embargo, apoya este acuerdo basándose en que de estos 6.000 metros solo un 35 por ciento es edificable.

Nieves Elvira, la portavoz de Izquierda Unida y concejala en el Ayuntamiento de Collado Mediano, se opone a este acuerdo sobre el cambio de uso de Reajo y acusa al regidor de “oscurantismo”durante este proceso.
¿Por qué hablan de “oscurantismo” y de “precipitación”?
Porque nos ocultan el objetivo del convenio. Así de claro. Lo único que sabemos es que la promotora de Reajo, dueña de la parcela de uso deportivo en la que se ubicaba el Club Social, quiere venderla para construir algo que no se dice. Como su edificabilidad no es suficiente necesita la parcela pública colindante, también de uso deportivo. Los empresarios hablan con el alcalde y consiguen que se tramite un convenio urbanístico para realizar una modificación puntual de normas para así cambiar su uso por educativo y asistencial.

Además, cuando decimos que ha sido con precipitación nos referimos a que todo acuerdo municipal debe ser claro y completo, no se puede firmar un convenio sin saber el objetivo último del mismo.

Pero además en el pasado Pleno, usted alegó que la tramitación del convenio no se ajusta a la legalidad, ¿nos puede explicar mejor esta acusación?
Se ha tramitado por separado y ha sido aprobado por la mayoría que reúnen CDS y PP sin tener en cuenta, a pesar de las advertencias, que no se ajusta a la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid. Es decir, se tendría que haber tramitado con la propia modificación y debería especificar si la cesión al Ayuntamiento será en terreno o en dinero. De esta manera debería concretar de cuántos metros de suelo o euros estamos hablando. Para IU esta actuación no refleja más objetivo que el de aumentar las expectativas de negocio: hay incongruencias entre el acuerdo y la modificación y, sobre todo, porque no aparece por ninguna parte el interés público del mismo.

El alcalde ha manifestado su temor por los disparatados rumores surgidos por el fin de las parcelas, cuando la de uso público lleva más de treinta años sin ninguna utilidad.

Los rumores son los normales cuando no se da una información clara. No sólo preocupa qué se va a construir en la parcela privada, además indigna que se cambie también el uso de la pública diciendo, sin rubor, que quizá la privada necesite su edificabilidad. El suelo público debe servir a intereses públicos, no a la expectativas de negocio de la parcela de al lado. Es un tema que preocupa a la ciudadanía, el 4 de octubre se presentaron en el Registro municipal 159 alegaciones a la modificación del terreno recogidas por la plataforma ciudadana Collado Mediano sostenible, a las que hay que unir 200 firmas de los vecinos de la urbanización.