El Faro | Miércoles 22 de octubre de 2014
Lejos de acercar posturas, la polémica entre los agentes forestales y la Comunidad se ha recrudecido esta semana después de que el representante sindical de Comisiones Obreras, Francisco Cabezos, y la diputada de Izquierda Unida Reyes Montiel acudieran el miércoles a la entrada de la finca La Granjilla, en El Escorial, propiedad de la familia de Esperanza Aguirre.
Montiel señaló que la Ley de Medidas Urgentes para la Modernización de la Administración, en la que se incluye el polémico artículo sobre los forestales, “en vez de buscar seguridad jurídica, busca impunidad, y por eso desde IU lamentamos que Aguirre se haya convertido en representante de los propietarios de fincas y no de todos los propietarios”. A juicio de la parlamentaria regional, esta normativa enfrentará a los propietarios con los forestales, indicando que es fundamental que la autoridad “no esté cuestionada” para que los agentes puedan desarrollar su labor con todas las garantías. La representante de Izquierda Unida indicó que La Granjilla es un ejemplo de la “impunidad” con que se podrá actuar “a partir de ahora”. En este sentido, Montiel aseguró que la fina atraviesa una vía pecuaria que fue desafectada hace unos años. Cuando entre en vigor la ley, prosiguió, los forestales no podrán entrar, “a pesar de que está catalogada como Bien de Interés Cultural y cuenta con una rica flora y fauna”. Por su parte, la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, que el martes estuvo en los Cursos de Verano de la Universidad Complutense en San Lorenzo explicó que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ya se pronunció sobre este tema, subrayando que la finca no está sobre ninguna vía pecuaria.