El Faro | Miércoles 22 de octubre de 2014
La polémica entre los agentes forestales y la Consejería de Medio Ambiente tuvo ayer su último episodio con la concentración a las puertas de la Asamblea de Madrid de medio centenar de integrantes de este cuerpo, quienes pedían la retirada del proyecto de Ley de Medidas Urgentes de Modernización, que mantiene el artículo que obliga a los forestales a pedir una autorización judicial para acceder a las fincas privadas.
En este sentido, estos agentes han elaborado un manifiesto en el que denuncian esta situación, recordando que el 90 por ciento de los delitos urbanísticos de la Comunidad son denunciados por ellos y que el 70 por ciento del terreno forestal de la región es de titularidad privada. Además, señalan que con esta restricción no podrán hacer un seguimiento del estado de los montes, estudiar la fauna y la flora, investigar los incendios o denunciar los vertidos ilegales. Por su parte, desde el Ejecutivo autonómico defienden esta iniciativa por la necesidad de defender los intereses de los propietarios privados.