La Comunidad de Madrid ha presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional en respuesta a la modificación de la Ley de Extranjería por parte del Gobierno central, que afecta los criterios de reparto de menores extranjeros no acompañados. El Consejo de Gobierno argumenta que este cambio infringe la Constitución al invadir competencias regionales y vulnerar derechos fundamentales de los menores. Además, critica la falta de justificación en la aplicación de estos nuevos criterios y la inadecuada utilización del Real Decreto ley para una reforma que debería ser legislativa. Desde 2019, Madrid ha atendido a más de 10,600 menores no acompañados.
La Comunidad de Madrid ha decidido presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) en respuesta a la reciente modificación de la Ley de Extranjería por parte del Gobierno central, que afecta los criterios de reparto de menores extranjeros no acompañados. Esta acción fue acordada en una reunión del Consejo de Gobierno, que instruyó a la Abogacía General de la Comunidad para impugnar el Real Decreto ley 2/2025, aprobado el pasado 18 de marzo.
Según el análisis realizado por la Abogacía General, el mencionado Real Decreto infringe varios artículos de la Constitución Española, al invadir competencias exclusivas del Gobierno regional. La responsabilidad sobre la recepción y acogimiento inicial de menores extranjeros corresponde a las comunidades autónomas que tienen esta función establecida por ley en materia de protección y tutela.
El informe destaca que se están vulnerando derechos fundamentales al establecer cuotas subjetivas sin priorizar las necesidades básicas de asistencia para estos menores. Además, se argumenta que el texto validado por el Gobierno central contradice los principios de solidaridad y lealtad entre administraciones, ya que los criterios aplicados carecen de justificación y se implementaron sin consultar a las comunidades autónomas.
También se señala que esta medida atenta contra la autonomía financiera de las regiones, dado que el Ejecutivo no asegura los recursos económicos necesarios para garantizar una atención adecuada a los menores desplazados. El recurso presentado por la Comunidad indica que se ha hecho un uso inapropiado del Real Decreto ley, sugiriendo que tal reforma debería realizarse mediante una Ley Orgánica, dada su implicación en los derechos y deberes ciudadanos.
A pesar del contexto complicado, la Comunidad de Madrid ha brindado atención a 10.618 menores extranjeros no acompañados desde 2019, con un total de 937 atendidos solo en lo que va del presente año. Este hecho pone en evidencia la necesidad urgente y extraordinaria de abordar esta problemática, aunque el mismo Real Decreto reconoce que el problema ha persistido durante al menos ocho años.
| Año | Cantidad de menores atendidos |
|---|---|
| 2019 | 10,618 |
| 2025 (hasta la fecha actual) | 937 |
La Comunidad de Madrid ha decidido recurrir ante el Tribunal Constitucional debido a la modificación de la Ley de Extranjería por parte del Gobierno central, que afecta los criterios de reparto de menores extranjeros no acompañados. Se argumenta que esta decisión infringe varios preceptos de la Constitución y las competencias exclusivas del Gobierno regional.
El recurso sostiene que el Real Decreto ley 2/2025 es inconstitucional porque invade competencias autonómicas, vulnera derechos fundamentales de los menores al aplicar cuotas subjetivas sin garantizar su asistencia, y no respeta el principio de solidaridad entre Administraciones. También se critica la falta de justificación en los criterios de reparto y la insuficiencia económica para atender a los menores.
Desde 2019, la Comunidad de Madrid ha atendido a un total de 10.618 menores extranjeros no acompañados, incluyendo 937 en lo que va del año actual.
La Comunidad de Madrid argumenta que la reforma legislativa debería haberse llevado a cabo mediante una Ley Orgánica, ya que afecta derechos y deberes ciudadanos, y no mediante un Real Decreto ley.