La Comunidad de Madrid ha aprobado destinar 10 millones de euros en ayudas e indemnizaciones para víctimas del terrorismo en 2025. Esta inversión permitirá atender aproximadamente 400 solicitudes aprobadas por el Comisionado del Gobierno para la Atención a las Víctimas de Terrorismo. Desde la implementación de la Ley 5/2018, se han beneficiado más de 2.000 personas, y con esta nueva asignación, el total de ayudas otorgadas desde 2018 asciende a 90 millones de euros. Además, se destinarán 330.000 euros anuales para subvencionar asociaciones que defienden los intereses de estas víctimas y sus familias.
La Comunidad de Madrid ha decidido asignar este año un total de 10 millones de euros en ayudas e indemnizaciones dirigidas a las víctimas del terrorismo. Esta medida fue aprobada en el día de hoy por el Consejo de Gobierno, reafirmando así el compromiso del Ejecutivo regional con este importante colectivo.
El acuerdo permitirá que se abonen aproximadamente 400 solicitudes que han sido resueltas favorablemente por el Comisionado del Gobierno para la Atención a las Víctimas de Terrorismo, organismo dependiente de la Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local. Hasta finales de 2024, un total de 2.090 personas se han beneficiado de las dos normativas autonómicas que regulan estas ayudas: la Ley 5/2018 y su modificación posterior mediante la Ley 9/2022.
La Comunidad de Madrid ostenta el título de ser la región que más apoyo económico ha proporcionado a las víctimas del terrorismo. Con esta nueva asignación, se suman a los 80 millones de euros otorgados desde la implementación de la primera norma legal en 2018, alcanzando un total acumulado de 90 millones de euros.
Aparte de las ayudas económicas directas, el Gobierno autonómico destina anualmente 330.000 euros, cifra que ha aumentado un 10% en 2025, para subvencionar asociaciones, fundaciones y entidades sin ánimo de lucro registradas tanto a nivel regional como estatal. Estas organizaciones tienen como objetivo representar y defender los intereses de los afectados por actos terroristas, así como apoyar a sus familias y convivientes.
Este esfuerzo financiero no solo busca proporcionar alivio económico a quienes han sufrido directamente las consecuencias del terrorismo, sino también garantizar que su memoria y derechos sean reconocidos y defendidos adecuadamente en la sociedad. La inversión refleja una política pública comprometida con las necesidades específicas de este grupo vulnerable.
Las acciones emprendidas por la Comunidad son un paso significativo hacia el fortalecimiento del tejido social afectado por estos trágicos eventos, asegurando que las víctimas reciban el apoyo necesario para reconstruir sus vidas.
| Cifra | Descripción |
|---|---|
| 10 millones de euros | Monto destinado en 2025 para ayudas e indemnizaciones a víctimas del terrorismo. |
| 400 solicitudes | Aproximadamente el número de solicitudes que se espera resolver favorablemente. |
| 2.090 personas | Número de beneficiarios hasta finales de 2024 bajo las normas legales autonómicas. |
| 80 millones de euros | Total concedido desde 2018 hasta 2024 antes de la nueva inversión en 2025. |
| 330.000 euros | Monto anual destinado a subvencionar asociaciones y fundaciones que apoyan a las víctimas. |
La Comunidad de Madrid destinará 10 millones de euros en ayudas e indemnizaciones para víctimas del terrorismo en 2025.
Las ayudas incluirán indemnizaciones por fallecimiento y daños físicos y/o psíquicos a las víctimas del terrorismo.
Se espera que alrededor de 400 solicitudes sean resueltas favorablemente por el Comisionado del Gobierno para la Atención a las Víctimas de Terrorismo.
Hasta el cierre de 2024, se han beneficiado 2.090 personas entre las dos normas legales autonómicas que regulan este tipo de ayudas.
Desde la puesta en marcha de la primera norma legal en 2018, se han concedido un total de 90 millones de euros en ayudas a las víctimas del terrorismo.
Aparte de las prestaciones económicas, el Ejecutivo dedica anualmente 330.000 euros para subvencionar asociaciones y entidades sin ánimo de lucro que defienden los intereses de los afectados y sus familias.