La Comunidad de Madrid estima que la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales, propuesta por el Gobierno central, generará un coste adicional de 2.635 millones de euros anuales para comerciantes y hosteleros en la región. De esta cifra, 1.775 millones corresponderían al comercio y 860 millones a la hostelería. Este impacto afectaría gravemente a estos sectores, que representan el 17,2% del PIB madrileño y emplean a casi 800.000 trabajadores. La Consejería de Economía ha expresado su rechazo a esta normativa, argumentando que no se ha consensuado con los agentes sociales y que podría aumentar la conflictividad laboral en España. PYMES y autónomos serían los más perjudicados por las nuevas cargas administrativas y costos financieros que implicaría esta ley.
La Comunidad de Madrid ha elevado sus estimaciones sobre el impacto económico que tendrá la próxima reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales, medida que está preparando el Gobierno central. Según los cálculos realizados por el Ejecutivo regional, esta normativa podría generar un coste adicional de 2.635 millones de euros anuales para los comerciantes y hosteleros de la comunidad, desglosándose en 1.775 millones para el comercio y 860 millones para la hostelería.
Estos sectores son considerados como los más perjudicados dentro del tejido productivo madrileño. Así lo refleja un informe oral presentado por la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo durante el Consejo de Gobierno, donde se manifiesta un rechazo contundente a esta legislación estatal.
El comercio y la hostelería representan actualmente hasta el 17,2% del Producto Interior Bruto (PIB) de Madrid y generan casi 800.000 puestos de trabajo. Las repercusiones de esta normativa podrían ser devastadoras no solo para la economía madrileña, sino también para la del país en su conjunto.
El documento elaborado por las autoridades madrileñas califica esta medida como una imposición unilateral que no ha sido acordada con los agentes sociales, lo que vulnera la negociación colectiva y restringe la libertad empresarial. Además, se señala que esta futura ley generará inseguridad jurídica debido a su falta de desarrollo reglamentario, lo cual podría traducirse en un aumento de la conflictividad laboral en toda España.
Las pequeñas y medianas empresas (PYMES) así como los autónomos son identificados como los principales afectados por este nuevo marco legal. La Consejería ya ha enviado al Ministerio de Trabajo y Economía Social un documento con las alegaciones del Gobierno madrileño respecto al anteproyecto de Ley.
Diversos estudios externos advierten sobre las severas consecuencias que enfrentan estos negocios, que se verán obligados a contratar personal adicional para cubrir las horas requeridas o a cerrar temporalmente sus operaciones, lo que implicará una pérdida significativa de ingresos.
A su vez, esta normativa posicionaría a España con una legislación más rígida en comparación con otros países europeos, incrementando así los costes financieros y burocráticos que serán especialmente difíciles de afrontar para las empresas más pequeñas.
| Concepto | Cifra (millones de euros) |
|---|---|
| Coste extra para comerciantes | 1,775 |
| Coste extra para hosteleros | 860 |
| Total coste extra | 2,635 |
| Porcentaje del PIB que representan comercio y hostelería | 17.2% |
| Número de trabajadores en comercio y hostelería | 800,000 |
La Comunidad de Madrid estima que la próxima reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales supondrá un coste extra de 2.635 millones de euros anuales para los comerciantes y hosteleros de la región.
Los sectores más afectados son el comercio y la hostelería, que representan hasta el 17,2% del PIB de la Comunidad de Madrid y suman casi 800.000 trabajadores.
La normativa podría obligar a las PYMES y autónomos a contratar más personal para cubrir las horas reducidas o a cerrar durante ese periodo, lo que resultaría en una pérdida significativa de ingresos.
El Gobierno madrileño ha expresado su rechazo al anteproyecto, argumentando que es una imposición unilateral que vulnera la negociación colectiva y genera inseguridad jurídica al carecer de desarrollo reglamentario.
Se advierte que España pasará a tener una legislación más rígida en comparación con otros países de la Unión Europea, lo que añadirá nuevos costes financieros y burocráticos especialmente difíciles de cumplir para las empresas más pequeñas.