Luces y sombras
Manuel J. Ortega
El Faro | Miércoles 22 de octubre de 2014
La semana pasada, el Ejecutivo regional que preside Esperanza Aguirre aprobó un proyecto de ley que será remitido en breve a la Asamblea de Madrid para su tramitación parlamentaria. Este documento tiene como objetivo fundamental extremar los controles sobre el urbanismo en la región. En esta nueva fiscalización hemos de destacar el hecho de que los avances de los nuevos planeamientos (PGOU), en su primera fase, deberán contar previamente con un informe medioambiental favorable por parte de la Consejería competente, además de otro de impacto territorial que emitirá en un plazo de seis meses el Consejo de Gobierno a propuesta del consejero que tenga competencias en ese área. Transcurrido dicho plazo sin que se haya emitido el informe pertinente, éste se considerará desfavorable. En cuanto al tema relacionado con el impacto territorial, se valorará sobre todo las incidencias tanto del municipio afectado como las de los colindantes, incidiendo en equipamientos, infraestructuras y servicios, además de las redes generales y supramunicipales de transporte o cualquier otra que afecte directa o indirectamente a la estrategia territorial de la Comunidad de Madrid.
Resumiendo: a partir de ahora, aquellos municipios que quieran presentar sus nuevos planeamientos urbanísticos, previamente deberán superar distintos controles y obtener el visto bueno de los servicios técnicos de las consejerías involucradas en dichos expedientes.
Convenios urbanísticos y competencias de los Ayuntamientos
Pero este proyecto de ley de medidas urgentes destinadas a regular el urbanismo en nuestra región presenta otros puntos no menos importantes, entre ellos el hecho de que el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid se arroga la facultad de retirar las competencias urbanísticas a los municipios cuando estos infrinjan gravemente la ley. En estos casos, el Ejecutivo podrá atribuir a la Consejería correspondiente las competencias de la localidad en cuestión, lo que servirá para quitar la patente de corso en este área a los Consistorios y poner freno al desmadre promovido por algunos políticos locales que en los dos últimas décadas han venido manejando a su antojo los temas relacionados con el urbanismo local a través de modificaciones puntuales, recalificaciones caprichosas y polémicos convenios urbanísticos donde al final las plusvalías se las llevan los de siempre, es decir, los promotores inmobiliarios. Pues bien, consciente de la alarma social que han generado algunos de estos convenios, el Ejecutivo madrileño ha propuesto prohibir “la celebración de los mismos, así como la figura del agente urbanizador”, lo que puede suponer un duro golpe para ayuntamientos como el de Valdemorillo, que en este último año, y pese a tener ya aprobado el avance de su PGOU, ha optado por recurrir a la vía de los convenios urbanísticos y así, su alcaldesa Pilar López, pese a las criticas de algunos vecinos y de la mayoría de los representantes de las formaciones políticas de la localidad, optó por una vía que a priori parece favorecer los intereses de importantes empresas promotoras y de algunos propietarios locales de suelo, casuales invitados al reparto de tan generosa tarta.
Limitación de alturas
Esta nueva normativa también prevé limitar las nuevas edificaciones a tres plantas más ático, “aunque los ayuntamientos podrán autorizar la construcción de edificios con altura superior cuando concurran circunstancias singulares En este caso, será preciso el informe favorable de la Comisión de Urbanismo de Madrid”.
Desde mi punto de vista, este puede ser el punto más polémico de un articulado aún pendiente de aprobación, y así lo ha puesto de manifiesto la decana del Colegio de Arquitectos de Madrid, Paloma Sobrini, al calificar el tema como “una idea poco brillante”, que responde a un modelo anglosajón en desacuerdo con la edificabilidad de la región. Sobrini, que ocupa el decanato de los arquitectos madrileños desde el pasado 5 de junio en sustitución de Ricardo Aroca, dijo que lo mejor hubiese sido que el Colegio fuese consultado previamente sobre esta medida, a la que auguró poco éxito. La propuesta ya forma parte de un proyecto de ley que, desde mi punto de vista, ha sido redactado con la intención de mejorar el control sobre el urbanismo en nuestra región. Ahora corresponde a la Asamblea de Madrid aprobarlo tal cual o modificarlo en aquellos puntos que estimen más oportunos. Ya hay reacciones al respecto, y así algunos colectivos vinculados a la Sierra del Guadarrama, aun desconociendo los pormenores definitivos de su articulado, han valorado como muy positivo el hecho de que se regule la aprobación de los PGOU que, al menos en nuestra comarca, últimamente brotan como los champiñones, que se promueva la suspensión de los siempre polémicos convenios urbanísticos y se limiten las alturas. También ha sido bien acogido el hecho de que la Comunidad pueda reservarse el derecho de retirar las competencias urbanísticas a los municipios cuando estos cometan faltas graves. La opinión de los responsables políticos en nuestros ayuntamientos aún no ha trascendido a la opinión pública, aunque es fácil pensar que en el peor de los casos optarán por la resignación, sobre todo en aquellos municipios gobernados por el Partido Popular.