Más Madrid ha presentado una queja ante el Defensor del Pueblo para denunciar la desregulación de los discursos de odio en redes sociales, tras los cambios en las políticas de moderación de Meta y X. La formación madrileña alerta que estas modificaciones dejan desprotegidos a más de 35 millones de usuarios en España frente a contenidos discriminatorios y mensajes de odio. Manuela Bergerot, portavoz de Más Madrid, enfatiza que no se puede permitir que grandes empresas decidan qué discursos son aceptables, ya que esto vulnera derechos fundamentales establecidos en la Constitución Española. Además, critica la falta de acción del Gobierno en implementar la Ley Integral para la Igualdad de Trato y No Discriminación. La denuncia busca proteger los derechos democráticos y evitar una oligarquía digital.
Más Madrid ha llevado su preocupación al Defensor del Pueblo, denunciando la desregulación de los discursos de odio en las redes sociales. La formación política madrileña critica las recientes políticas de moderación implementadas por Meta y X, que, según afirman, dejan a millones de usuarios vulnerables ante contenidos discriminatorios y mensajes de odio.
Manuela Bergerot, portavoz de Más Madrid en la Asamblea, ha expresado su inquietud al señalar que “no podemos dejar que dos multimillonarios arrogantes decidan qué discursos de odio son aceptables y cuáles no en las redes sociales que usan millones de españoles”.
La queja presentada esta mañana subraya que los cambios en las políticas de moderación representan una grave amenaza para los derechos fundamentales de más de 35 millones de usuarios en España. Bergerot ha advertido sobre la necesidad de mantener la verificación y moderación para evitar que se propague la desinformación y los discursos hostiles dirigidos a grupos vulnerables como mujeres, personas LGTBI e inmigrantes.
Entre los puntos más preocupantes mencionados por Más Madrid se encuentran las nuevas normas de Meta que permiten “las acusaciones de enfermedad mental o anormalidad cuando se basan en el género o la orientación sexual”, así como contenidos discriminatorios fundamentados en creencias religiosas. Estas políticas, según denuncian, infringen el artículo 14 de la Constitución Española y van en contra de la doctrina establecida por el Tribunal Constitucional.
Bergerot ha enfatizado que “las grandes empresas tienen que cumplir con las normas que nos hemos dado como sociedad” y no pueden actuar al margen de la democracia. Resaltó que plataformas con una base tan amplia de usuarios deben adherirse a las mismas obligaciones que cumplen medios tradicionales como televisión y radio en cuanto a verificación y regulación de contenido.
Además, Más Madrid critica lo que consideran una “dejación de funciones” por parte del Gobierno español al no haber implementado completamente la Ley Integral para la Igualdad de Trato y la No Discriminación aprobada en 2022. Esta falta de acción ha impedido activar mecanismos fundamentales como la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación, capaz de investigar situaciones discriminatorias en redes sociales.
“Como en España queremos seguir siendo una democracia y no una oligarquía digital, exigimos al Defensor del Pueblo que investigue cómo estos cambios están poniendo en riesgo los derechos fundamentales de los españoles”, concluyó Bergerot.
Más Madrid ha denunciado la desregulación de los discursos de odio en redes sociales, alegando que las nuevas políticas de moderación de Meta y X dejan desprotegidos a millones de usuarios frente a contenidos discriminatorios y mensajes de odio.
La formación madrileña señala que las nuevas normas permiten expresamente acusaciones basadas en el género o la orientación sexual, así como contenidos discriminatorios basados en creencias religiosas, lo que vulnera el artículo 14 de la Constitución Española.
Más Madrid exige al Defensor del Pueblo que investigue cómo estos cambios están poniendo en riesgo los derechos fundamentales de los españoles y aboga por una mayor regulación y verificación de contenidos en redes sociales.
Critica la "dejación de funciones" por parte del Estado al no haber desarrollado plenamente la Ley Integral para la Igualdad de Trato y la No Discriminación, lo que ha dejado sin activar mecanismos importantes para investigar y actuar ante situaciones de discriminación en redes sociales.