La Comunidad de Madrid ha aprobado una nueva ley que busca reducir las cargas burocráticas y administrativas, facilitando así el crecimiento económico y demográfico mientras se protege el entorno natural. Esta normativa, que entra en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial, simplifica procesos en los ámbitos medioambiental, territorial y urbanístico. Entre sus objetivos se encuentran aumentar la oferta de vivienda, avanzar hacia la descarbonización y combatir la despoblación rural. Además, se agilizan los trámites para proyectos de infraestructura y se fomenta la competitividad del sector agrario mediante la modernización de regadíos y la flexibilización de usos en suelo rural. La ley también adapta la normativa autonómica a la Ley Estatal de Protección de los Derechos y el Bienestar de los Animales.
La Comunidad de Madrid ha tomado una decisión clave en su camino hacia el desarrollo sostenible. La Asamblea de Madrid ha aprobado una nueva ley que busca reducir las cargas burocráticas y los trámites administrativos, con el objetivo de equilibrar el crecimiento económico y demográfico proyectado para los próximos años con la protección del entorno natural. Esta legislación, conocida como la Ley de medidas para un desarrollo equilibrado del medio ambiente y la ordenación del territorio, simplifica y racionaliza la normativa existente en las áreas medioambientales, territoriales y urbanísticas.
El proyecto legislativo se ha enriquecido durante su paso por el Parlamento, incorporando un total de 19 enmiendas. Su entrada en vigor está programada para el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM). Con esta iniciativa, se pretende no solo fomentar el desarrollo económico y urbanístico, sino también posicionar a Madrid como un referente en políticas sostenibles, innovación tecnológica y planificación estratégica.
Entre los objetivos destacados de la ley se encuentra incrementar la oferta de vivienda, avanzar hacia la descarbonización, garantizar el relevo generacional en el sector primario, combatir la despoblación en áreas rurales y asegurar la prestación continua de servicios públicos relacionados con el ciclo del agua.
En términos urbanísticos, esta legislación se enfoca en la simplificación de los procesos necesarios para obtener licencias. Se anticipan plazos para solicitar permisos desde el momento de la reparcelación y se mejora la agilidad en los trámites. Además, se promueve la eficiencia energética en edificios y se potencia el desarrollo habitacional en municipios que enfrentan riesgos de despoblación.
La reforma también trae beneficios para agricultores y ganaderos al reducir las autorizaciones urbanísticas necesarias y modernizar los sistemas de riego. Esto no solo representa un ahorro significativo de agua, sino que también mejora la rentabilidad del sector primario. Asimismo, permite una mayor diversidad de usos y actividades en terrenos rurales no urbanizables, facilitando así la comercialización directa de productos agroalimentarios.
El Gobierno regional tendrá capacidad para desarrollar Planes de Protección del Paisaje que busquen compatibilizar el cuidado del patrimonio natural con las prácticas tradicionales en zonas rurales. Esto incluye flexibilizar reparaciones relacionadas con caminos e infraestructuras ganaderas, contribuyendo así al desarrollo local y combatiendo la despoblación.
La normativa también agiliza la aprobación de proyectos relacionados con infraestructuras hídricas, garantizando así una continuidad efectiva en los servicios públicos vinculados a este ciclo. Se establece un procedimiento exprés para las obras consideradas de interés público por parte del Canal de Isabel II, eliminando además el Plan Especial de Infraestructuras para optimizar las obras incluidas en el Plan Sanea que afectan a 59 municipios.
Por otro lado, esta ley facilitará la instalación rápida de infraestructuras esenciales como redes eléctricas y telecomunicaciones al eliminar requisitos previos como planes especiales. Esto podría reducir hasta dos años los tiempos necesarios para su tramitación. También se fomentará la instalación de Centros de Procesamiento de Datos (CPD) en Suelo Urbanizable No Sectorizado mediante un Proyecto de Actuación Especial.
Finalmente, es importante señalar que esta nueva legislación contempla ajustes necesarios debido a la entrada en vigor de la Ley Estatal de Protección de los Derechos y el Bienestar de los Animales. Este ajuste busca evitar contradicciones entre normativas autonómicas y estatales, asegurando así una mayor coherencia dentro del marco jurídico español sobre esta materia.
La Comunidad de Madrid reducirá cargas burocráticas y trámites administrativos para facilitar el crecimiento económico y demográfico, a la vez que se cuida el entorno natural. Esto incluye la simplificación de procesos urbanísticos y la agilización en la obtención de licencias.
La ley tiene como objetivo impulsar el desarrollo económico y urbanístico, posicionar a Madrid como referente en políticas sostenibles, aumentar la oferta de vivienda, combatir la despoblación en áreas rurales y garantizar servicios públicos relacionados con el ciclo del agua.
Se reducirán las autorizaciones urbanísticas y se modernizarán los regadíos, lo que supondrá un ahorro de agua y mejorará la rentabilidad del sector primario. También se permitirán más usos en suelo rural no urbanizable.
La ley facilitará la instalación de infraestructuras como redes eléctricas y telecomunicaciones, reduciendo su periodo de tramitación hasta dos años. También se fomentará la instalación de Centros de Procesamiento de Datos (CPD) sin necesidad de planes especiales.
La nueva norma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial (BOCM).