También ha avanzado la recusación de tres magistrados del tribunal –Cándido Conde-Pumpido, Juan Carlos Campo y Laura Díez- por su “pública y notoria vinculación ideológica con el PSOE”, partido que presentó el texto, “lo que le inhabilita para enjuiciar” su constitucionalidad.
Durante el desayuno informativo de Nueva Economía Fórum que ha protagonizado, la dirigente autonómica ha indicado que la Comunidad de Madrid no puede quedarse “de brazos cruzados ante el mayor acto de corrupción política que se ha perpetrado en la historia de la democracia”. Es una ley “escrita al dictado de los que trataron de dar un golpe de Estado desde Cataluña, es arbitraria y obscenamente inconstitucional”, ha dicho.
Además, “supone otro paso más del presidente Sánchez en su operación de destrucción del Estado de Derecho para seguir en el poder por la mínima”, ha subrayado la presidenta Díaz Ayuso, quien se ha preguntado cómo se va a deshacer “tanto daño”. “¿Cómo piensan que podemos tragar con la mentira de que esto se hace por la convivencia si sabemos que todos los socialistas abominaban de la amnistía por ser claramente inconstitucional?”, ha añadido.
“Consideramos que, en la tramitación parlamentaria de esta ley, además, se han infringido preceptos de la Constitución y del Reglamento del Congreso de los Diputados y esto ha dado como resultado una reforma encubierta de la Constitución Española… esto ni en las dictaduras”, ha remarcado la jefa del Gobierno madrileño, quien ha asegurado que hará todo lo que esté en su mano para que no puedan “hundir España”.
El Ejecutivo autonómico solicitó un informe a la Abogacía General de la Comunidad de Madrid, el pasado mes de junio, tras la aprobación de la ley en el Congreso de los Diputados, y los servicios jurídicos emitieron un dictamen que avala la interposición del recurso de inconstitucionalidad contra esta norma. En su argumentación, denuncia que la Ley de Amnistía afecta a los pilares básicos sobre los que se asienta la Constitución y defiende que el Estado de derecho no puede funcionar correctamente si las Administraciones regionales no operan bajo las mismas reglas constitucionales.
La Comunidad de Madrid considera que no se puede admitir una ley que crea un estatuto privilegiado para los dirigentes de una comunidad autónoma en concreto, amparando conductas contrarias a Derecho y rompiendo con el principio de igualdad de todos los españoles ante la ley reflejado en el artículo 14 de la Constitución.
Además, supone una ruptura con la separación de poderes porque, a través de ella, el Legislativo invade las funciones del Judicial, único de los tres del Estado que tiene constitucionalmente atribuida la potestad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Por último, también recoge que la Ley de Amnistía ha sido aprobada sin atender los informes emitidos por el Consejo General del Poder Judicial, las principales asociaciones de jueces, la asociación mayoritaria de fiscales, los letrados del Senado y los letrados de la Comisión de Justicia del Congreso.