Galapagar pone en evidencia la caduca ley electoral. El PSOE, a cambio de la Alcaldía, cedió las áreas más importantes de Gobierno

Algo tiene que estar fallando en nuestro sistema electoral cuando los perdedores en unas elecciones suelen ganar en las negociaciones posteriores a la celebración de las mismas lo que les han quitado las urnas. Al ciudadano de a pie le cuesta cada día más entender aquellos casos donde el reparto del pastel institucional termina premiando a los derrotados. Y esto se pudo apreciar el pasado sábado en el salón de plenos del Ayuntamiento de Galapagar durante el acto de investidura del nuevo alcalde, en este caso alcaldesa, cargo que como nuestros lectores ya saben ha recaído en la socialista Carmen Toledano Rico (seis actas de concejal), gracias al apoyo recibido por la Plataforma de Vecinos (dos), Activa (dos) y Foro Verde (una), lo que suma un total de 11 acreditaciones y por tanto mayoría absoluta, con la incógnita de la postura del edil de CDL, José Manuel Martín, que pese a no respaldar la investidura de Toledano, ya que se votó a sí mismo, no descartó continuar negociando para integrarse en el nuevo Ejecutivo. ¿Intentaba así dejar una puerta abierta a los populares de cara a una hipotética moción de censura?.

Pacto complejo
Al rebufo de la polémica generada en este municipio por el Avance del Plan General de Urbanismo aprobado por el Gobierno local del PP, presidido en aquellos momentos por José Tomás Román Capelo, que suscitó un importante rechazo por parte de los galapagueños (más de 10.000 alegaciones) y también tras la decisión tomada por los responsables de Génova de sustituir a última hora como candidato a la Alcaldía a José Luis González, regidor en ejercicio, por el joven Pablo Gómez Díaz, los representantes del resto de las fuerzas políticas de la localidad encontraron el motivo que necesitaban para hacer causa común contra los populares. Los resultados del 27 de mayo, donde la candidatura de Gómez Díaz sólo obtuvo nueve actas de concejal (mayoría simple), dejó el camino libre para el inicio de unas negociaciones donde el único objetivo era encontrar el consenso necesario para construir el futuro Ejecutivo. El Partido Popular no perdió un segundo en este aspecto al abrir negociaciones con la Plataforma Vecinal (sus mayores críticos en los temas urbanísticos durante la anterior legislatura), pero fracasó. Posteriormente, según nuestras fuentes, le tiraron los tejos a José Luis Barceló de Foro Verde y a su ex compañero del CDL José Manuel Martín, sin obtener resultados positivos. Obviamente, el PSOE tampoco se había quedado de brazos cruzados y para conseguir la Alcaldía pidió al resto de las formaciones protagonizar una gesta a lo Fuenteovejuna, aunque ello les obligase a sacrificar su línea programática y las áreas de Gobierno más importantes del futuro Ejecutivo, entre ellas Urbanismo, Educación o Medio Ambiente... (jocosamente ya se dice que el resto han sido adjudicadas a la edil socialista Carmen Andonaegui, en agradecimiento a los servicios prestados por su esposo, el ex alcalde Manuel Cabrera). La complejidad de las negociaciones retrasó la fumata blanca hasta poco antes del inicio del acto de investidura. La vendetta estaba consumada: el PP, después de cuatro años de Gobierno, pasaba a la oposición más por sus navajeos internos que por su mejor o peor gestión política.

Urge cambiar la ley electoral
En ningún momento se me ha pasado por la cabeza -¡Dios me libre!- criticar las cesiones, ofertas o negociaciones realizadas en estos últimos días por los representantes del PSOE local para lograr la Alcaldía. Sería injusto hacerlo cuando sabíamos que el PP estaba haciendo lo mismo para obtener idéntica recompensa. Pero tampoco les voy a felicitar, porque como representantes de los dos partidos más votados de nuestro país estaban moralmente obligados a no propiciar la flagrante injusticia generada por una compleja y caduca ley electoral que prima a los partidos minoritarios para que ejerzan como bisagras, facilitando con ello que los perdedores se erijan en ganadores o viceversa, algo que desde mi punto de vista se convierte en una grave conspiración que pone en tela de juicio la voluntad popular.

El único modo de impedir este desgaste democrático (así lo exponía nuestro periódico en el editorial de la semana pasada) es cambiar la actual ley electoral por otra que permita las mayorías claras. Es decir, recurrir a la segunda vuelta, lo que permitiría a uno de los dos candidatos más votados obtener el apoyo explícito del sufragio universal o, por el contrario, firmando un pacto a nivel nacional para que gobiernen las siglas más votadas (caso de Cercedilla, donde populares e independientes, pese a su afinidad ideológica, han aceptado que sea Eugenio Romero, cabeza de lista del PSOE, quien gobierne en minoría el Consistorio parrao), lo que impedirá que se pueda chalanear con los votos y con ello que se adultere la democracia con pactos que sólo responden a intereses o planteamientos demasiado personales. Tampoco se debe descartar una tercera opción: las listas abiertas, sobre todo en los comicios municipales, porque sólo así se limaría el exceso de poder que tienen actualmente los partidos, algo que en muchas ocasiones provoca situaciones tan aberrantes como la de obligar a sus afiliados a defender posturas que van en contra de los intereses de sus propios vecinos.