La Comunidad de Madrid destina 160.000 a este acuerdo con un colectivo que representa a 36 entidades para el servicio de este recurso logístico público de productos frescos del campo regional.
Madrid Rural tiene previsto entrar en funcionamiento el próximo invierno y estará situado en el municipio de Fuenlabrada, en una instalación que ocupa una superficie de 3.500 metros cuadrados. Los productos hortícolas llegarán directamente de las explotaciones con el objetivo de fomentar los alimentos tradicionales y de cercanía.
Se trata de un espacio de proximidad que va a ensayar un modelo de distribución para la reducción del número de intermediarios en el sistema alimentario y donde se acerca geográficamente la producción y el consumo, lo que redunda en una mayor sostenibilidad tanto en su dimensión económica como social y medioambiental.
Madrid Rural es una acción contemplada en el Plan Terra del Gobierno autonómico en apoyo al campo madrileño y a la industria agroalimentaria. Este documento estratégico nació en 2020 para desarrollarse durante esta legislatura con una dotación de 100 millones de euros y más de 50 actuaciones, primando la liberalización del sector primario y reducir su intervencionismo. Es una iniciativa pionera desde la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura para avanzar en desarrollo rural y social, así como favorecer la competitividad y el relevo generacional en el campo, flexibilizando la normativa actual.
Un referente para la nueva agricultura
Tras la firma del acuerdo, y a través de la UCAM, comenzarán los encuentros con los pequeños y medianos agricultores interesados, así como con las primeras grandes cadenas de distribución alimentaria, empresas de restauración colectiva y el canal HORECA (hoteles, restaurantes y catering). En paralelo, se irán realizando las obras de acondicionamiento en el centro para acoger los productos hortícolas.
El Ejecutivo regional quiere convertir este proyecto en un referente para lograr una agricultura rentable para el campo madrileño, apostando por adelantar la transición desde una agricultura convencional a la producción integrada y ecológica.
Este servicio público empleará nuevas tecnologías que aseguren la eficiencia del proceso y la trazabilidad del producto, según las directrices europeas del campo a la mesa que buscan implantar un sistema alimentario más saludable y sostenible.