Los ‘okupas’ del edificio de la Calle Trinidad de Collado Villalba, tal como publicó la semana pasada este periódico, tienen atemorizados a los vecinos de esta zona, localizada entre la Calle Honorio Lozano y la Plaza de Los Belgas y a escasos cien metros de los juzgados villalbinos.
Peleas, fiestas a deshoras, ruidos insoportables, acumulación de basuras, amenazas y chatarra en el espacio público colindante con el edificio ‘okupado’, entre otros, es el denominador común de ocho años de sufrimiento por parte de los ciudadanos que viven en los inmuebles aledaños.
La semana pasada, el diario “20 Minutos” recogía al respecto que el último grupo que se ha instalado en este inmueble es, supuestamente, el que está ocasionando más problemas que nunca, debido a que tienen instalados, así lo denunció un vecino a El Faro del Guadarrama, unos grupos electrógenos para obtener con ellos electricidad que provocan ruidos y emisiones tóxicas
A la espera de una orden de desalojo
El Ayuntamiento de Collado Villalba, después de varios años mostrando una actitud bastante pasiva al respecto, finalmente ha confesado conocer el problema, pero añadiendo no poder hacer nada, hasta tanto no haya una orden judicial firme de desalojo de un inmueble que, actualmente, es propiedad de la SAREB, entidad pública creada en el año 2012 para comprar a los bancos sus activos con problemas relacionados con el sector inmobiliario. En este caso, la ‘okupación’ fue denunciada”, según fuentes municipales, añadiendo que la Policía Local y Guardia Civil han acudido al inmueble cuando les han requerido.
También, los vecinos colindantes han presentado numerosas denuncias por ruidos, pero afirman con resignación que “no se puede hacer nada hasta que un juez ordene el desahucio”.
Por su parte la alcaldesa, Mariola Vargas (PP), ha manifestado su intención de ponerse en contacto lo antes posible con los vecinos afectados, una contestación bastante habitual por parte de la regidora local en asuntos como éste, que suele despachar casi siempre con buenas palabras, pero con pocos hechos.
Ley exprés para echar a los ‘okupas’ en 30 días
El incremento que se está produciendo últimamente en cuanto a la ‘okupación’ ilegal de viviendas en nuestro país, nos recuerda la propuesta anunciada hace poco por Pablo Casado, presidente del Partido Popular, donde anunciaba una propuesta por la que se tipificaba la ‘okupación’ de un piso como delito, penado entre 1 y 3 años de prisión, añadiendo que la Policía podía desalojar a los ‘okupas’ en 24 horas.
La aprobación de la nueva ley de desahucios exprés (Ley 5 de 2018, de 11 de junio), de modificación de la Ley 1/2000 de 7 de enero) de Enjuiciamiento Civil, abrió la esperanza y el optimismo a muchos de los que tenían viviendas ‘okupadas’, pero todo ha quedado en un simple espejismo, ya que el problema en vez de solucionarse, se ha agravado, y lo que entonces era una pesadilla de dos años (se habla ya de más de 100.000 las viviendas ‘okupadas’ en España por el método de la ‘patada en la puerta), cifra que algunos consideran estar muy lejos de la realidad, sobre todo si tiene en cuenta que muchas de estas ‘okupaciones’ no han sido denunciadas, debido a las coacciones recibidas por muchos de sus propietarios.
Porque, aunque la ley de desahucios exprés (5 de 2018, de 11 de junio), a la que hizo referencia Pablo Casado, diga que, “a partir de la presentación de una demanda civil de desahucio, se establece un plazo aproximado de 30 días, en la que se puede recuperar la vivienda”, nada más lejos de la realidad. El Faro del Guadarrama tiene constancia de algunas denuncias presentadas en los juzgados villalbinos por los propietarios de viviendas ‘okupadas’, que continúan en tramitación después de varios años vía recursos, a la espera de sentencias firmes que permitan sus respectivos desalojos”.