Juan Carlos Rodríguez Osuna llegó al Ayuntamiento de Moralzarzal en las elecciones de 2015 con Vecinos por Moralzarzal Participa! El pasado mes de mayo revalidó su cargo como alcalde gracias al apoyo de Ciudadanos (Cs), el partido Alternativa Independiente de Moralzarzal (PAIM) y el PSOE. Según publicaba el diario ABC en su edición de ayer, viernes, la Fiscalía lo ha denunciado ahora por un delito continuado de prevaricación administrativa, previsto en los artículos 404 y 74 del Código Penal, tras apreciar irregularidades cometidas tanto por él, como por su concejala de Urbanismo, Susana Villarreal Bárcena, tan solo un año después de obtener el bastón de mando.
Contrataciones sin expediente administrativo
Entre las irregularidades se encuentran contrataciones sin expediente administrativo previo y con informe desfavorable del secretario municipal, adjudicaciones con informes desfavorable o acciones sin expediente administrativo o informe previo que fueron puestas en conocimiento del Ministerio Fiscal por el Partido Popular, en la oposición.
En la demanda a la que ha tenido acceso el Diario ABC se recoge que durante los años 2016 y 2017 el Ayuntamiento de Moralzarzal llevó a cabo la celebración de numerosos contratos menores sin que, en muchos casos, se cumpliera lo dispuesto por la Ley de Contratos del Sector Público, En este sentido la Fiscalía asegura que en el año 2017 consta que se celebraron un total de 2.716 contratos menores, es decir un 59,8% del total de los contratos celebrados por el Consistorio presidido por Rodríguez Osuna, a través de los que se dispuso de más de dos millones de euros, un 29,72% del importe total dispuesto por el Ayuntamiento a través de operaciones contractuales.
En concreto, el escrito apunta a que la edil de Urbanismo y responsable de Medio Ambiente encargó contratos menores por importe superior al fijado en la Ley de Contratos o que duraron más de un año, lo que derivó en la oposición de la Intervención Municipal. En los casos mencionados, el alcalde Rodríguez Osuna autorizó finalmente los créditos para abonar las facturas sin atender los reparos de los informes desfavorables.
Cobros de facturas por Urbaser
Así, a través del área que dirige Villarroel, la empresa Urbaser S.A presentó para su cobro diversas facturas que fueron tramitadas por este Ayuntamiento como contratos menores, autorizándose el gasto correspondiente a cada una de ellas, pese a que la citada entidad era concesionaria de los servicios públicos de recogida de residuos, limpieza viaria y mantenimiento de parques y jardines, contrato por el que percibía la contraprestación correspondiente.
Al respecto la Fiscalía, constató que la empresa recibió la cantidad de 27.912,44 euros por el mes de diciembre de 2016 “sin que apareciera justificado que los conceptos correspondientes a aquellas facturas no se encontraban ya incluidos en el contrato principal”.
Así, en relación a una de las citadas facturas, por importe de 1.044,79 euros y de fecha 23 de agosto de 2016, en concepto de “equipo de desbroce de zonas verdes”, se emitió informe por parte del Interventor Municipal que se oponía a su abono haciendo mención que era la concesionaria del servicio por lo que reclamaban un “informe justificativo” sobre los servicios extraordinarios prestados.
Irregularidades en varios servicios
La Fiscalía aprecia también irregularidades en los contratos menores celebrados por la empresa Moraljardín S.L. con otro informe desfavorable de la Intervención municipal ante una factura por valor de 1.625 euros en concepto de “mantenimiento de jardines” del sector de Las Hachazuelas en octubre de 2016. En este caso se alertaba de que el contrato menor no podía superar un año al iniciarse en octubre de 2015 y venciendo en septiembre de 2016 “sin posibilidad de prórroga, pues suponía una vulneración de la Ley de Contratos Públicos”.
Pese a ello la Fiscalía asegura que el Ayuntamiento de Moralzarzal “decidió que la citada empresa continuara prestando el servicio” con facturas emitidas en noviembre por similar importe. Ante esta discrepancia el Alcalde de Moralzarzal, Rodríguez Osuna, autorizó el crédito presupuestario para abonar esto trabajos.
También apunta a las sospechas de un contrato menor con la aseguradora MGS al abonarle 1.444 euros en concepto de “prima anual seguro de accidentes innominados” correspondientes al ejercicio 2017 con, de nuevo, un informe desfavorable del Vicesecretario Interventor.
Omisión de requisitos y trámites
Aparte de las diferencias, el Ministerio Público detecta otras facturas por prestaciones de servicios de otro contrato menor por importe de 33.977,61 euros, es decir, por “encima del umbral económico” de 18.000 euros fijado para este tipo de contratos menores, en este caso con la empresa S.I.U.
El siguiente caso alude a una compra directa, presuntamente también irregular, Saneamientos Moral S.L. de suministro de material de saneamiento y depuración de la piscina municipal al abonarse en 2016, 19.803,59 euros “sin ningún tipo de contrato”. Aquí, concluye la Fiscalía que “este servicio es periódico y continuado”, con un plazo que debe ser superior al año y tramitarse mediante expediente de contratación por procedimiento ordinario. Por ello ser considera “ajustado a Derecho” esa compra. La intervención municipal estima que “se han omitido requisitos y trámites especiales en el expediente”
También se comunicaron reparos por la Intervención Municipal por un total de 90 facturas entre agosto y septiembre de 2017, que se encontraban paralizadas “al gestionarse mediante compra directa sin ningún tipo de contrato”.
Por todos estos actos, el Ministerio Público reclama que del alcalde, Juan Carlos Rodríguez Osuna y la concejala de Vecinos por Moralzarzal Participa! Susana Villarreal Bárcena, comparezcan en sede judicial en calidad de investigados y se recabe al consistorio los expedientes de contratación de servicios públicos de limpieza viaria, mantenimiento de parques y jardines con la adjudicataria del servicio.
También solicita que comparezca el autor de los informes de la Intervención Municipal que ponía objeciones de legalidad a los contratos menores cuestionados y se realice un informe pericial sobre los mismos.