El juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 7 de Collado Villalba ha abierto diligencias por un presunto delito de prevaricación urbanística contra los responsables de la concesión de una licencia de obras para la edificación de una residencia geriátrica privada en una urbanización de la localidad, situada en el Área de influencia Socioeconómica del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama.
En concreto, a raíz de la denuncia interpuesta por la Entidad Urbanística colaboradora Vallefresnos, dicho juzgado estima el recurso presentado por la Sección de Medio Ambiente de la Fiscalía Provincial de Madrid, en el que solicitan la apertura de diligencias por “la posible perpetración del delito de prevaricación urbanística al artículo 320 1 ó 2 del Código Penal, sea por parte de funcionario o funcionarios que emitieron informes favorables al otorgamiento de licencia de obra para la construcción de una residencia geriátrica en las parcelas 83 y 50 de la Urbanización Vallefresnos de la localidad de Guadarrama”.
Para completar dichas diligencias el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 7 de Collado Villalba requiere al Ayuntamiento de Guadarrama para que aporte copia completa del expediente tramitado para el otorgamiento de la licencia de obras a Promociones Jeroferna S.L., la cual fue concedida en marzo de 2019, cuando el consistorio estaba gobernado por Carmen María Pérez del Molino, líder del partido independiente Agrupación Popular de Guadarrama (APPG).
Tala de 50 fresnos con un mínimo de 50 años
Los vecinos de la Urbanización Vallefresnos denunciaron que el otorgamiento de esta licencia permitió la tala de cerca de 50 árboles de las parcelas afectadas. Los terrenos cuentan con alrededor de un centenar de árboles con diámetro basal mayor de 20 centímetros, de los cuales la gran mayoría de ellos son fresnos con un mínimo de 50 años y tres son robles centenarios. Dos de estos robles de 168 y 198 años de antigüedad, fueron extraídos en marzo de 2019 para ser trasplantados.
La Ley 8/2005 de 26 de diciembre, de protección y fomento de árboles urbanos de la Comunidad de Madrid prohíbe en su artículo 2 la tala de todos los árboles protegidos por esta normativa; ejemplares de cualquier especie con más de 10 años de antigüedad o 20 centímetros de diámetro de tronco al nivel del suelo. Esta misma ley regula los casos en que el arbolado se vea necesariamente afectado “por obras de reparación o reforma de cualquier clase o por la construcción de infraestructuras, se procederá a su trasplante”.
Los vecinos de esta urbanización de Guadarrama han puesto en duda desde hace años que un negocio privado pudiera ser causa necesaria para la tala de casi medio centenar de árboles protegidos y ha denunciado en repetidas ocasiones irregularidades en la tramitación de la citada licencia