La Agencia Española de Protección de Datos ha apercibido al Ayuntamiento de Galapagar por incumplir la normativa por una infracción ‘grave’ al controlar por GPS a los efectivos de la Policía Local que acudieron a una reunión sindical. La resolución a la que ha tenido acceso la Agencia EFE, está firmada por la directora de la institución, Mar España y comunica que el Consistorio ha infringido lo dispuesto en la normativa “en una acción tipificada como grave”
Fuentes de los sindicatos policiales han explicado a EFE que los hechos se remontan a diciembre de 2017, cuando estos efectivos celebraron una reunión en un lugar de Galapagar a la que acudió un policía, en su horario laboral, y al que ·”se le permitió ir a dicha asamblea ya que eso no afectaba al servicio”.
A pesar de ello ha denunciado también que el Jefe de la Policía Local les abrió un expediente ‘cargado de numerosas irregularidades y vulneración de los derechos, proponiendo incluso echar de la Policía al cabo y a su compañero de patrulla”.
“Entre estas presuntas irregularidades está el uso de posicionamiento del GPS que dan las medidoras portátiles y del vehículo usado por los policías. Estos datos solo pueden ser usados con fines de coordinación de emergencias y seguridad, no con otros fines distintos y mucho menos con fines laborales como es el caso”, han apuntado.
Denuncia ante Protección de Datos.
En abril de 2018 se expedientó al cabo y a un policía por los hechos referidos y se interpuso denuncia ante la Agencia Española de Datos por tratarse de datos de carácter personal.
Asimismo han indicado que esto conlleva un procedimiento sancionador por infracción grave en la Ley Orgánica de Protección de Datos que tiene como consecuencia un apercibimiento al Ayuntamiento de Galapagar. Los sindicatos han precisado que esta acción también puede significar una posible apertura de expedientes disciplinarios a los funcionarios responsables que serían el jefe y subjefe de la Policía Local de Galapagar
A la espera de una resolución final
“Gracias al sistema GPS, se pudo determinar la localización de los agentes y el incumplimiento de sus funciones”, han señalado desde el consistorio resaltando que no tienen constancia de la notificación de la resolución de la Agencia de Protección de Datos y están a la espera para poder recurrirla, de manera que esta prueba “no tiene validez”.
También han apuntado que la resolución “no conlleva sanción alguna” aunque han reconocido que el Ayuntamiento “sí deberá tomar las medidas oportunas para que esta infracción no vuelva a producirse. Estas medidas pasan por dar de alta en el registro de Protección de Datos el mecanismo del GPS para el control laboral e informar a los trabajadores de este hecho, han detallado a EFE.