Tras 99 años, según recogía el diario ‘El País’ (16 de abril de 2019) “la concesión de suelo de los montes de utilidad pública que se encuentran en el municipio de Cercedilla y en el Puerto de Navacerrada”, caducó el pasado martes y la incógnita de qué pasará con los chalés y apartamentos edificados en este momento siguen en el aire. La Comunidad de Madrid como gestora de estos terrenos ya lo avisó hace meses: “la Ley original lo específica y la concesión no es prorrogable. Los ayuntamientos como propietarios no han aportado propuestas, pero se han puesto en manos de abogados”.
Todo sigue igual de encallado que hace meses, pero la Comunidad de Madrid ha seguido adelante y ha iniciado ya el procedimiento administrativo para la recuperación de los terrenos que pertenecen a unos consistorios atenazados por lo que se les viene encima. “Esto no significa que de un día para otro se tomen decisiones. Pero nosotros como gestores tenemos la obligación y una responsabilidad de hacer cumplir la ley”, explicó Pablo Altozano, viceconsejero de Medio Ambiente del Gobierno regional. La ley dice, por tanto, que el 16 de abril de 2019 se cumplirá lo fecha de una concesión de terreno de monte público que el Estado concedió en el año 1920 y que afecta a unos 90 vecinos de los chalés de la Colonia a Camorritos y a unos 360 apartamentos del puerto de Navacerrada”.
La situación es bastante confusa, lo que lleva por el camino de la amargura a los vecinos. “Para empezar, recogía El País, queremos saber en qué se basa el expediente para determinar que se acaba la concesión. Hay mucho que rascar ahí. No es fácil, de hecho nosotros dudamos que sea una concesión, dice Andrés Francisco Pino, presidente de la Asociación de Vecinos del Puerto de Navacerrada. Por lo pronto su asociación ha pedido que la Comunidad de Madrid les incluya como parte afectada de la misma forma que han hecho los vecinos de Camorritos”
El ferrocarril lo cambió todo
El Estado permitió en 1920 una concesión de terrenos que pertenecía a tres montes diferentes catalogados de titularidad pública y, por tanto, no urbanizable. En total cedió 2,5 hectáreas del Pilar de Helechosa, que pertenece a Navacerrada, 60 hectáreas del Pinar de Agregados, a Cercedilla, y 23 del Pinar Baldío, a ambos municipios, El beneficiario de todo esto fue la recién creada Sociedad Anónima del Ferrocarril Eléctrico de Guadarrama. Y la idea consistía en expandir el progreso por la sierra madrileña, La asociación del ferrocarril realiza a su vez concesiones a terceros promover, supuestamente un bien social: la construcción de sanatorios de altura,
“El caso Adif, que afecta a las instalaciones del tren eléctrico que llega hasta Cotos, es diferente. Hace tiempo que pidieron una concesión por 75 años más y eso va por una vía diferente. Es un bien común y no es contaminante, Eso probablemente se solucione antes”, admitió Altozano