El sobreseimiento acordado la semana pasada por el juez que instruye el caso conocido como ‘Operación Térmyca’, en el que hasta entonces estaban presuntamente implicados el ex-edil de Hacienda y Personal, José Ramón López, que previamente había optado por abandonar la política y reincorporarse a su puesto en la Administración pública, y a María del Mar Gil, presionada por parte de algunos compañeros de gobierno, sobre todo en los dos últimos meses, para que dejara la concejalía.
Limpios de cualquier tipo de sospecha en relación con un trama que tenía su origen en el cobro de comisiones, cuyo epicentro estaba localizado en Cataluña, concretamente en ayuntamientos de Tarragona, los dos ediles villalbinos, aún tuvieron que declarar por video conferencia a requerimiento del juez encargado del caso, que pocos días más tarde dictaría el sobreseimiento de López y de Gil
Precisamente la ausencia de María del Mar Gil en el pleno celebrado en el mes febrero pasado, fue al parecer, lo que llevó a la alcaldesa a retirar definitivamente la confianza y el sueldo (60.000 euros anuales) a su compañera, María del Mar Gil, a quien ‘compensó’ con una partida económica de 500 euros por asistencia a pleno.
Último encontronazo Vargas-Gil
La retirada ‘por decreto’ del salario a la ex Teniente de Alcalde, tal como recogió en su momento El Faro del Guadarrama, provocó un nuevo enfrentamiento entre regidora y edil del PP, hasta el punto de que Vargas le retirara la palabra a su compañera en la sesión plenaria celebrada el pasado 28 de febrero, decisión que Gil no aceptó, lo que aprovechó la alcaldesa para ordenar su expulsión del salón de plenos. Esta drástica medida de debía al hecho de que Gil anunciase, previamente, su decisión de explicar cómo se había realizado la compra de los 1.600 contenedores y los motivos por los cuales ella (María del Mar Gil) se negó a firmar la factura de esta compra que, supuestamente, la había realizado personalmente la propia alcaldesa. Aun así y pese a su expulsión, Mariola Vargas no pudo impedir que su compañera de gobierno dijera: “Todo esto es consecuencia de mi negativa a firmarle a la alcaldesa la factura correspondiente a la compra de los nuevos contenedores de basura”, operación que al margen de su alto coste ha provocado la sustitución de los antiguos camiones, al no ser estos compatibles con el sistema de carga lateral, lo que supondrá para la tesorería local un gasto extra de 50.000 euros mensuales.
El enfrentamiento público entre Mariola Vargas y María del Mar Gil dejaba entrever que ambas políticas, tarde o temprano, estaban condenadas a dar explicaciones sobre tan escabroso asunto. Y todo parece indicar que lo van a tener que hacer en la Comisión de Investigación solicitada al respecto por el grupo municipal del PSOE, con carácter de urgencia, y de la que El Faro del Guadarrama da también hoy amplia información.