El alcalde de Galapagar, Daniel Pérez Muñoz, según ‘OK Diario’, pegó un ‘pelotazo’ de 60.000 euros en una operación de compra-venta de una parcela ubicada en el mismo término municipal que él regenta en el Camino de La Navata, en el paraje conocido como ‘Nido del Águila’. La adquirió, según los periodistas Manuel Cerdán y Miguel A, Ruiz, de OK Diario, por 66.550 euros directamente a los promotores de un proyecto urbanístico que los técnicos del consistorio debían supervisar y el propio primer edil aprobar.
Cuatro años después, Pérez Muñoz la revendió por más de 125.000 euros, el doble de su inversión, según la tasación a efectos de subasta y el precio que pedía el alcalde en los anuncios publicitarios que insertó en hasta tres páginas especializadas en venta de inmuebles.
El terreno comprado por Pérez Muñoz a la empresa MBQ adquirió un valor añadido tras obligar el Ayuntamiento a los promotores a una modificación del trazado de las catorce parcelas de la urbanización. El proyecto que ya habían pactado el resto de los propietarios, contemplaba la planificación de unas zonas comunes con una pista de pádel, un pequeño jardín y una calle interior que facilitaba las acometidas de agua, el alumbrado y la red de saneamiento.
Todos estos espacios comunes estaban así mismo contemplados en los documentos de reserva de la compra de la parcela que los trece los trece propietarios, menos el alcalde que la inscribió más tarde, habían firmado con la promotora MBQ ante notario, según reconoció a OK Diario uno de los compradores.
Sin embargo, el primer edil de Galapagar exigió personalmente a los promotores que recuperaran un antiguo proyecto de 2006, diseñado por la primera promotora que quebró y que había recibido de los técnicos municipales una ‘licencia de obra mayor’, el 21 de julio de aquel año. Un permiso municipal que ocho años después en teoría debería haber caducado pero que los responsables de la urbanización lograron recuperar.
Una compra con fines lucrativos
Cuando se impuso el criterio del Alcalde, eliminando del proyecto las zonas comunes, MBQ se vió obligada a renegociar con el resto de los propietarios la firma de un nuevo documento por el que se cambiaban las condiciones de su parcela –seis zonas comunitarias- lo que suponía un sobrecoste de más de 100.000 euros que, finalmente, tuvo que asumir la promotora.
OK DIARIO dispone de un documento de uno de los compradores firmado el 18 de julio de 2014, por el que se compromete en esa factura a renunciar a las zonas comunes e incorpora el espacio correspondiente a zonas comunes al espacio privativo en la parcela según corresponda a cada parcela con la licencia de parcelación concedida a la citada parcela”.
Po el mismo documento los promotores compensaban la ausencia de obras en las zonas comunes con la realización del vallado y deslinde “consistente en un muro de bloque coronado con valla metálica de simple torsión”, con el mismo coste de 6.000 euros.
La maniobra del alcalde tenía un fin exclusivamente lucrativo: con el proyecto impuesto por el Ayuntamiento ‘la parcela número 12’ pasaba a tener una extensión de 866,96 metros, en lugar de los 615 metros cuadrados de la opción urbanística con las zonas comunes.
Esta solución sólo la vetaba el alcalde, paradójicamente el único comprador que efectuaba la inversión con fines lucrativos.
Aunque el resto de los vecinos se beneficiaba con la imposición del gestor municipal de Galapagar ganando metros en sus parcelas, él era el único que presentaba una motivación meramente especulativa. Durante los cuatro años que el alcalde tardó en vender la parcela jamás tuvo la intención de construir una vivienda familiar. La operación de la máxima autoridad galapagueña podría calificarse de normal de no ser porque el primer edil negoció personalmente con los promotores la operación de compraventa y además recibió un trato de favor por su condición política. Se reservó para sí mismo la parcela de mayor superficie de la urbanización, la mejor situada y la más rentable para una posterior venta.
Según fuentes de la oposición de Galapagar la transacción del alcalde no cruza la raya roja de la ilegalidad pero levanta todo tipo de suspicacias de tipo moral. “Sin duda alguna, no es un ejemplo de ética ni transparencia política. El alcalde está obligado explicar cómo fueron sus negociaciones con los promotores y si obtuvo algún tipo de prebendas”, afirmaron.