Tras el fallecimiento de Julen Roselló, niño de dos años que cayó a un pozo en la localidad andaluza de Totalán, la Comunidad de Madrid ha puesto en marcha una campaña de inspección de las instalaciones de este tipo que existen en la región madrileña. La estimación es que en la próxima semana se localicen y revisen más de un centenar de perforaciones realizadas para buscar agua bajo tierra para determinar si estas son legales y evaluar su peligrosidad.
En la Consejería de Presidencia señalan que esta medida se ha activado por la ‘sensibilidad social’ que generó el dramático rescate durante dos semanas del menor que cayó a un pozo de más de70 metros de profundidad. No obstante precisan que los agentes forestales de la Comunidad de Madrid, que se encargarán de la labor de vigilancia, ya realizan esta tarea de ‘oficio’ porque está dentro de la cartera de funciones asignadas a los miembros de este cuerpo. Según precisa un portavoz del Gobierno regional, desde el punto de vista legal, estos pozos son competencia de la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT), es decir, que a este organismo le corresponde además la potestad de multar a los propietarios de terrenos en los que haya excavaciones irregulares, sanciones que pueden llegar al millón de euros en caso de que la infracción sea muy grave.
“También se pretende averiguar si son legales o no; si están inscritos o autorizados por la Confederación del Tajo o, en caso de los sondeos, si estos están autorizados por la Dirección General de Industria, Energía y Minas, han explicado desde la Consejería de Presidencia.