El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 30 de Madrid ha desestimado el recurso de los sindicatos policiales contra el Ayuntamiento de Galapagar en el que reclamaban cuestiones laborales relacionadas con los horarios, las vacaciones y los permisos.
En un auto fechado el pasado 15 de febrero, el tribunal desestima el recurso presentado por el Sindicato Colectivo Profesional de Policía Municipal y la Central Sindical Independiente y de Funcionarios.
Según la sentencia, la instrucción impugnada por los sindicatos “se limita a ser un instrumento clarificador de los aspectos relativos a control horario y de presencia, vacaciones, permisos, licencias, bajas IT y crédito horas sindicales.
“En suma son meras directrices de actuación con arreglo a las normativas aplicables” y “tienen naturaleza de meras instrucciones u órdenes de servicio”.
El Ayuntamiento de Galapagar señala en un comunicado que los sindicatos “decidieron romper las negociaciones y el diálogo y ahora los tribunales así lo constatan”, apuntan.
El Consistorio considera que la sentencia “deja patente la buena voluntad y la intención de diálogo con los sindicatos”, por todo ello le piden que “miren por el bien de los vecinos, que debe ser su máxima prioridad, por encima de las reivindicaciones laborales”.
Fuentes sindicales han manifestado a la Agencia EFE que el fallo judicial “no entra a valorar si los trabajadores tienen razón en cuanto a sus reivindicaciones laborales, sino si la Administración “puede dictar instrucciones para regular determinados aspectos de las condiciones de trabajo”.
No obstante explican que los sindicatos consideran que el archivo de la querella “no ha entrado a valorar la cuestión de fondo planteada, que no es otra que la necesidad que el Ayuntamiento de Galapagar negocie unas condiciones de trabajo, no basadas en la unilateralidad sino en la negociación y el consenso”.
“Por lo que dado que no es una sentencia firme los departamentos jurídicos de los sindicatos recurrentes, valorarán la posibilidad de interponer recurso de apelación”.
Creen además que la sentencia “no deslegitima en modo alguno las protestas y manifestaciones, sino que “abunda en la necesidad de que dejen de regularse las condiciones de trabajo, mediante instrucciones y se negocie uno convenio-acuerdo”, concluye la agencia EFE.