Según datos facilitados por el Ministerio de Hacienda, correspondientes a la liquidación del Presupuesto de los Ayuntamientos españoles con más de 20.000 habitantes, solo 31 alcanzan la excelencia en inversión en Servicios Sociales, según se desprende de los datos correspondientes a 404 consistorios de más de 20.000 habitantes que presentaron ante el Ministerio Hacienda la liquidación del Presupuesto correspondiente al ejercicio de 2017.
La Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales por tercer año consecutivo ha elaborado un detallado análisis de los presupuestos municipales de ayuntamientos de más de 20.000 habitantes con datos correspondientes a los presupuestos de 2017 que ha hechos públicos el Ministerio de Hacienda en su portal de Servicios Telemáticos. A partir de esta información oficial (a fecha 28 de diciembre de 2018) se califica a los ayuntamientos en tres categorías, en función de determinados criterios por su inversión en Servicios Sociales. Aquellos consistorios que su inversión oscila entre los 50 y 100 euros por habitante no se clasifican, de la misma manera que los que tienen más de 100 euros pero no reúnen algunos de los requisitos de excelencia (31 ayuntamientos), mientras los clasificados como inversión pobre ascendían a 40 y los precarios a 56.
En la Comunidad de Madrid, según datos facilitados por el Ministerio de Hacienda, en relación a nuestra comarca y a tres consistorios con más de 20.000 habitantes, cuyo gasto social ha sido inferior a los 50 euros por habitante y año, aparecen tres como precarios en materia de Servicios Sociales. Se trata de Collado Villalba (62.152 habitantes) con una inversión de 36,25 euros en el año 2017 (7,78 más por vecino que en 20.16); Galapagar (32.903 habitantes) que en 2017 gastó 20,32 euros por vecino, es decir 1,36 euros más que el año anterior y Torrelodones que, por este mismo concepto, mejoró ostensiblemente su aportación social al invertir este mismo año 34,71 euros por ciudadano, 11 42 euros más que en 2016.
Aun así resulta lamentable que el 71 por ciento de nuestros ayuntamientos mantengan en el año 2017 en relación al ejercicio anterior (2016), una situación bastante similar en sus aportaciones a los servicios sociales que no dejaría de ser un menor gesto estadístico si no fuera porque afecta a cinco millones de ciudadanos, concretamente a 4.999.593 personas que sufren la insolidaridad de sus regidores municipales con una inversión social media inferior a los 50 euros por habitante/año.