El Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, con fecha 11 del presente mes de julio envió a Rosa Andradas, perjudicada por el contencioso urbanístico de la calle Santa Rosa, 15 y 15 bis de San Lorenzo de El Escorial, litigio sobre el cual El Faro del Guadarrama ha dado amplia información en los últimos meses, tras las reiteradas denuncias presentadas en distintos estamentos por la señora Andradas a través de numerosos escritos de queja y denuncia ante la administración, y que ni siquiera han tenido respuesta por parte del Ayuntamiento del Real Sitio pese a ser el mayor implicado en un complejo asunto urbanístico con más de una década de historia.
La respuesta parece llegar ahora, con fecha 11 de julio, a través de una carta remitida a Rosa Andradas por el Defensor del Pueblo, expediente 18006096, en el cual este le dice: “Ante la tardanza en recibir la información que esta institución solicita al Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, se le informa que con esta misma fecha se ha solicitado su remisión urgente. Una vez que la administración la remita se le comunicará su contenido y las actuaciones que en su caso procedan”. Atentamente. Francisco Fernández Marugán, Defensor del Pueblo (e.f.)
Antecedentes de un largo contencioso
“Con fecha 9 de mayo de 2012, la Junta de Gobierno Local de San Lorenzo de El Escorial acordó conceder licencia de demolición del edificio ilegal que se levantaba en la calle Santa Rosa, 15 y 15 bis. La concesión de la licencia de obra supuso la condena del arquitecto municipal y la imputación de todo el equipo de gobierno presidido por el actual diputado regional y por entonces alcalde de San Lorenzo de El Escorial, Fernández Quejo (PP). La denunciante sufrió todo tipo de abusos sobre su persona, su familia y sus propiedades y así lo recogía en esas fechas la publicación de Ecologistas en Acción.
En 1998, es decir, cuatro años antes, el Ayuntamiento sanlorentino aprobó la construcción de un edificio de 18 viviendas y 18 garajes, donde la normativa urbanística municipal sólo permitía 8 viviendas y otros tantos garajes. ¡Todo un pelotazo urbanístico! De ahí que en 2002 la Fiscalía imputara a toda la junta de gobierno local, incluido el propio alcalde, además del arquitecto municipal, la constructora y a la inmobiliaria. En 2005, la Audiencia Provincial condenó al arquitecto municipal lo que le supuso su inhabilitación y absolvió al resto de imputados”.
Seis años más tarde el edifico sigue ahí, medio en ruinas con el peligro que ello supone para los vecinos, y nadie ha sido condenado por este desmadre urbanístico que tiene una única víctima: María Rosa Andradas Oveja