Quince denuncias presentadas ante el Defensor del Pueblo, otras que se han interpuesto ante la Fiscalía e incluso en la Guardia Civil o como sucedió en este caso, directamente en los Tribunales de Justicia, son todas ellas denuncias archivadas y que vienen a demostrar –así lo recoge una nota de prensa emitida ayer por el Ayuntamiento galapagueño- la oleada de denuncias falsas que está recibiendo el actual ejecutivo local en los últimos años, con el único propósito de intentar manchar su imagen y tratar de impedir la gestión en favor de los vecinos de Galapagar. Ahora se acaba de sumar otra nueva sentencia de la Sección 4 de la Audiencia Provincial de Madrid que da la razón a la que fuera concejal de Recursos Humanos, María del Amor Santos.
Los tribunales acaban de desestimar los recursos de apelación interpuesto contra el auto dictado el 2 de marzo de 2018, en el que se disponía el sobreseimiento provisional de la causa. Ahora la sentencia se archiva probando la inocencia de la exconcejal, a la que se le acusaba de tres presuntos delitos de prevaricación administrativa, falsedad de documentos públicos y contra la integridad moral, además el que fuera Jefe de Policía de esta localidad, Juan Manuel González, también imputado por los presuntos delitos de prevaricación y contra la integridad moral del Policía.
Denuncias por venganza
Tal como se declaró en el momento de conocerse la denuncia, se trataba de una venganza de un policía que había sido sancionado en varias ocasiones y había decidido llevar “un asunto puramente administrativo por la vía penal”. Ahora los tribunales dan la razón y dejan patente el buen hacer de la concejal, del jefe de policía y del equipo de gobierno.
El Ejecutivo presidido por Daniel Pérez Muñoz lamenta la utilización fraudulenta de la Justicia que se está llevando a cabo por aquellos que intentan enturbiar el trabajo de estos años y más aún, se lamenta que en muchas ocasiones sean los propios partidos de la oposición los que en vez de realizar una labor de fiscalización del gobierno constructora y colaboradora se dediquen a presentar denuncias falsas, entorpeciendo con ello su labor de la justica y perjudicando a sus propios vecinos.