El Faro | Sábado 23 de junio de 2018
El pasado lunes los dos grupos políticos de Galapagar han presentado ante la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid un minucioso escrito de treinta páginas sobre irregularidades cometidas por este consistorio. Los hechos que podrían ser constitutivos de delito e infracciones graves, están en su mayoría relacionados con la contratación.
Las irregularidades detectadas por Cambiemos Galapagar y Galapagar en Común-IU se pueden resumir en siete grandes bloques relacionados con el fraccionamiento de contratos, de la duplicación en la contratación de prestaciones, la existencia de servicios sin cobertura contractual, la realización de obras sin autorización del órgano competente, la omisión de información a la Cámara de Cuentas, el reconocimiento extrajudicial de créditos de manera necesaria y el abuso de reuniones retribuidas por la junta de gobierno.
“Todas estas irregularidades son indicadores claros de la falta de transparencia y ética del Partido Popular en el gobierno de Galapagar. Pero lo más grave no es la moral corrupta con que dirigen el consistorio, sino las pérdidas que ello implica para todos los vecinos de Galapagar, que cada vez se ven sometidos a peores servicios y prestaciones por parte del consistorio, mientras otras entidades y personas sacan beneficios muy poco lícitos a nuestro entender”, informa Raquel Almendros, portavoz de Cambiemos Galapagar.
“Esperamos que la Cámara de Cuentas, por el bien de la ciudadanía, tome medidas ante estas trasgresiones de la ley por parte del PP”, explica Celia Martell, portavoz de Galapagar en Común-IU.
Fraccionamiento de contratos menores y duplicidad de servicios
El contrato menor tiene por finalidad satisfacer de forma rápida aquellas necesidades de la administración pública de escasa cuantía y de duración temporal. Es un sistema ágil y sencillo para necesidades puntuales, pero que no puede ser utilizado para necesidades periódicas ni para fraccionar lo que correspondería, por importe a un contrato mayor.
Ambas situaciones se producen en el Ayuntamiento de Galapagar. Se dividen contratos de servicios, de suministros, que se realizan año tras año, eludiendo así las normas de publicidad y procedimiento. También se da la circunstancia que hay proveedores que facturan anualmente al Ayuntamiento por el mismo servicio, pero dividido en distintos contratos menores a través de reconocimientos extrajudiciales de crédito (por ausencia de de contrato) llegando algunos años a los 100.000 euros de facturación. Entre el año 2015 y 2018 se destinaron más de cuatro millones y medio de euros a este tipo de contratos, muchos de ellos destinados a las mismas empresas que tienen ya contratos mayores en vigor con el Ayuntamiento.
Opacidad y ocultación de datos
En los edificios municipales del Ayuntamiento de Galapagar hay instaladas máquinas expendedoras de café, refrescos, snacks desde hace bastantes años, en alguno de ellos, al menos desde 2007. La instalación de la mayoría de estas máquinas para uso público carece de un soporte contractual y, por tanto, no se ha seguido una licitación previa, autorizando la concesión. Esta irregularidad, por un lado merma el derecho a optar a la adjudicación del servicio de aquellas personas o empresas que estuvieron interesadas y, por otro, supone que el Ayuntamiento no reabre ningún tipo de contraprestación por parte de las empresas que realizan el negocio y, además, debe asumir los gastos de electricidad que estas máquinas generan a las arcas municipales
Reconocimientos extrajudiciales de créditos
El reconocimiento extrajudicial de créditos es el proceso que permite justificar el pago a los proveedores por un servicio prestado o un suministro entregado sin contrato alguno. Los reconocimientos extrajudiciales de crédito son una figura excepcional que debería utilizarse en casos muy concretos para dar solución a aspectos muy puntuales, pero en Galapagar se utiliza en demasiados casos, presuntamente como un medio alusivo para el incumplimiento de una normativa de contratación.
En Galapagar desde el año 2017 el equipo de gobierno del PP oculta a la oposición los datos relativos a los reconocimientos extrajudiciales de crédito, como son los proveedores, los importes reconocidos, el concepto y la partida presupuestaria a la que se cargará el pago. Todos estos datos tampoco aparecen reflejados en las actas de las juntas de gobierno local a pesar de que la función de la fe pública del Secretario exige que se produzca con certeza el acto y su contenido cualitativo y cuantitativo. Es decir, se aprueban pagos sin que figuren todos los datos necesarios para que se haga de manera legal y con todas las garantías.
Abuso de reuniones retributivas
Desde el inicio de la legislatura hasta finales de 2017 se han celebrado 251 sesiones, 132 de carácter ordinario y 119 extraordinarias. La media de duración de las sesiones ha sido de algo más de ocho minutos y supone unos ingresos de 300 euros por sesión para cada uno de los dos concejales del equipo de gobierno que no tienen dedicación exclusiva ni parcial. Al celebrarse dos sesiones cada semana podría estar encubriéndose una retribución a dichos concejales.
Estas y otras posibles irregularidades es la que ha llevado a los grupos municipales de Galapagar en Común-IU y Cambiemos Galapagar a acudir a la Cámara de Cuentas.