Los ‘zombis’ tomarán las calles de Galapagar el próximo 17 de junio a las 12 horas en un acto festivo reivindicativo al que están convocados todos los vecinos y en el que están instados a darse un baño simbólico en una piscina de papel que la Asociación Centro Social Autogestionado ITACA va a montar en la Plaza de la Constitución. Performance, música y batucada servirá para recordarle una vez más al actual equipo de gobierno que este será el noveno año sin piscina en el municipio.
Probablemente Galapagar será la única localidad de la Sierra Oeste sin piscina de verano a pesar de contar con más de 32.000 habitantes. Una simple avería en la pileta existente hasta el año 2010 fue la excusa para que el entonces equipo de gobierno del Partido Popular decidiera sustituir las instalaciones existentes hasta entonces por pistas de pádel, que entonces estaban tan de moda. Las reclamaciones vecinales y demás dirigentes de los partidos de la oposición no consiguieron evitar esta decisión, ni tampoco lograron que el consistorio cumpliera su promesa de habilitar al efecto otras instalaciones.
46.000 euros en un hoyo
Cinco años más tarde, en 2015, parecía que el equipo de gobierno de Galapagar, también del PP, iba a cumplir su promesa, pero meses antes del comienzo de la temporada estival aprobó la construcción de un nuevo emplazamiento para la futura piscina de verano y contactando para ello con una empresa que se comprometió a tener finalizada esta obra en dos meses. La adjudicataria excavó un gran agujero que seis meses después abandonó sin terminar. La actuación de esta compañía que está siendo investigada, según El Confidencial, por su posible vinculación con el caso Pokemón, le costó 47.000 euros al pueblo, El Ayuntamiento no rescindiría el contrato por incumplimiento hasta el 30 de noviembre hasta 2016 ¡año y medio más tarde! Desde entonces mantienen pleitos y reclamaciones con esta empresa.
Así llegamos hasta 2018 en la misma situación, los vecinos que no tienen piscina privada en sus urbanizaciones, siendo los más afectados los del núcleo urbano, tienen que desplazarse en verano a los pueblos vecinos a darse un chapuzón, especialmente a Colmenarejo que tiene una población tres veces menor.
“Desde ITACA hemos tenido que recoger esta reclamación vecinal antes de que se caiga en el olvido que Galapagar una vez tuvo piscina de verano, donde muchos de sus habitantes aprendieron a nadar y pasaron en ella días enteros refrescándose de los calores de los meses de julio y agosto.
¿Vinculación con la operación Pokemón?
En cuanto al caso Pokemón, aún en los tribunales, donde figura el Ayuntamiento de Galapagar por el contrato firmado para la excavación de la citada piscina con una constructora que se encargaba de hacer dicho trabajo por un importe de 47.000 euros, y que después no realizó.
Según recogía El Confidencial en su edición de 1 de abril pasado, “Un concejal del PP alertó a Cristina Cifuentes en 2015, sobre las maniobras ilegales de varios miembros de su partido en esta empresa de la Púnica, entre los que se encontraba presuntamente el número 3, Jaime González Taboada. Según el testimonio del denunciante, Cifuentes se negó a tomar partido diciendo que acudieran directamente a los tribunales. “Si nosotros nos damos por enterados, lo tenemos que hacer ahora mismo. Y la presidenta quiere romper con todo lo anterior, así que vete al juez”, Esa fue la respuesta que Jesús Sánchez Yáñez recibió de uno de los por entonces asesores de Cifuentes, según le explicó al juez de San Fernando de Henares en su condición de testigo.
Desde el año 2014, la magistrada de San Fernando de Henares investiga el caso Pokemón, que también tiene abierta una pieza por la implicación de la empresa que contrató las obras de excavación de las futuras piscinas de verano de Galapagar, por un importe de 47.000 euros que después no finalizaría, lo que motivó una denuncia de este Ayuntamiento, asunto que al parecer está pendiente de resolución judicial dentro de una trama que al parecer afecta a varios ayuntamientos, por distintas causas que se investigan nivel Comunidad de Madrid, entre las que se encuentra la empresa VINCA, que tenía cómo asesor en la región al concejal Jesús Sánchez Yáñez.