En el sondeo realizado por el Ayuntamiento de Moralzarzal en relación con del destino del superávit municipal obtenido por este Consistorio en el pasado ejercicio económico, cuyo importe total asciende a 932.000 euros, ; y puesto a votación de los vecinos qué obras consideraban más importantes para llevar a cabo con dicho remanente, 129 de las 314 papeletas emitidas como válidas se han inclinado por destinar los 333.700 euros consignados al apartado de obras a la sustitución de la actual canalización de fibrocemento del agua potable que se consume en este municipio desde hace más de 40 años, cifra al parecer insuficiente para abordar una obra que ha sido objeto de debate hace apenas unos días en Telemadrid tras la denuncia realizada por unos vecinos de esta localidad serrana, que consideran dañina para la salud esta vieja conducción de tuberías de amianto, ; catalogada por la legislación española desde la aplicación de la directiva 1999/77 ; de 7 de diciembre de 2001, cuando se prohibió su uso en nuestro país, tipificándolo como cancerígeno en humanos (categoría 1).
Para no ir más lejos, hemos de recordar a nuestros lectores que ante la pasividad del Equipo de Gobierno de Vecinos por Moralzarzal Participa! (VxMP!), tal como recogía El Faro del Guadarrama el 14 de mayo de 2017, ;quedó sobre la mesa la propuesta realizada por el grupo municipal MeC, en la que proponía: “La sustitución urgente de las canalizaciones de agua potable de este municipio, construidas con fibrocemento (material potencialmente peligroso para la salud) cuyo estado actual, afirmaba ‘MeC’, es lamentable tras quince años sin mantenimiento.
A la par, nuestro periódico denunciaba que el fibrocemento estaba vinculado con varias enfermedades mortales, al tratarse de un material que fue utilizado en las décadas de los años 60,70 y 80, en pleno auge de la construcción y que desde el año 2003, dejó de fabricarse por sus muchos riesgos, sobre todo de manipulación, al tratarse de un material peligroso y nocivo para la salud.
Producto cancerígeno de categoría uno
Tan dañinos son dichos productos, que su manipulación e eliminación están reguladas en caso de avería y dado su alto contenido de amianto, recomendándose no hacer corte alguno en las tuberías y sustituirlas por tramos enteros. En este último caso, el Ayuntamiento de Moralzarzal debería proceder a eliminar toda la red fabricada con amianto o asbesto, por la que actualmente circula el agua potable que se consume en el municipio hasta llegar a los grifos de los hogares, una conducción impregnada de silicitos de hierro y magnesio que presentan las lamas fibrosas y que la legislación española cataloga cómo “cancerígeno de categoría uno ; en humanos”, así lo recoge ;la ; directiva 1999/79/CE mediante orden ministerial de 7 de diciembre de 2001, que prohíbe en España la producción, ‘USO’, y comercialización de materiales que contienen amianto, una normativa que al parecer desconocen los responsables del gobierno local de Moralzarzal y sobre todo el alcalde, ; si nos atenemos a su rechazo a las propuestas que le hizo su exsocio de gobierno, Moralzarzal en Común (MeC) hace más de un año cuando pidió al regidor la sustitución urgente de la canalización del agua potable del municipio, a lo que, hay constancia documentada sobre ello, ; el regidor, Juan Carlos Rodríguez Osuna y sus socios socialistas ni siquiera lo tomaron en consideración aún siendo conscientes del riesgo que esto suponía para los vecinos de este municipio. Ahora, un año más tarde y gracias al superávit obtenido en el pasado ejercicio económico, han sido 129 vecinos que participaron en una votación popular los que pidieron ; a través de la misma (como si se tratara de unos Presupuestos Participativos) la ‘sustitución de parte de la red de la conducción del agua potable, poniendo con ello fin a una presunta dejación de funciones por parte de los actuales dirigentes políticos municipales, cuya pasividad puede poner en riesgo la salud de los moralzarceños. Aún así, la cifra destinada presuntamente a la “sustitución de las canalizaciones de agua” apenas supera los 300.000 euros, cifra que se antoja insuficiente para abordar la sustitución de toda la red del agua potable del municipio.