Partido Popular y Confluencia Ciudadana presentaron un escrito de alegaciones contra el acuerdo de Pleno celebrado por el Ayuntamiento de Torrelodones el pasado mes de julio, en el que se aprobaron modificaciones de las Normas Subsidiarias en relación con la compra de Villa Fabriciano, según recogía ayer ‘Torrelodones Inf’, operación denunciada en los juzgados de Collado Villalba, y la expropiación de plazas de aparcamiento tanto en el Pueblo como en la Colonia. Ambas formaciones rechazan e impugnan dicho acuerdo plenario, porque consideran que este se alcanzó gracias al informe emitido por el arquitecto municipal en el que se constaban errores referidos a las medidas y dimensiones del inmueble destinado en principio a Biblioteca y Centro de Estudios.
Como recordarán nuestros lectores, por la compra de Villa Fabriciano, tanto la alcaldesa de Torrelodones como el Concejal de Urbanismo y dos técnicos municipales, deberán afrontar una querella por presunta prevaricación interpuesta por un vecino de esta localidad, concretamente por el primer alcalde democrático de este municipio, Serapio Calvo), que presentó un inmueble de su propiedad al citado concurso público.
¿Intentan subsanar los graves errores urbanísticos cometidos?
El Parido Popular, según las mencionadas fuentes, se opuso a la compra y remodelación de dicho inmueble para Biblioteca de la Colonia, cuyo importe asciende a dos millones de euros, ya que había otras alternativas menos costosas e incluso, sin coste alguno para la tesorería municipal, como es el caso del Palacete de La Solana.
El Grupo Municipal de Confluencia Ciudadana había señalado irregularidades urbanísticas en dicho edificio; irregularidades que el Concejal de Urbanismo afirmó que ‘no existían’. Aún así se llevaron al Pleno de julio pasado sendas propuestas de modificación “en las que se pedía un cambio de normativa que pudiera evitar la situación irregular de Villa Fabriciano y, además, otorgar al Ayuntamiento la capacidad de llevar a cabo “expropiaciones preventivas” de suelo privado de uso público, sin especificar la finalidad de dichas expropiaciones”.
Desde Confluencia también consideran que estas modificaciones “obedecen a un plan predeterminado para subsanar los graves errores urbanísticos cometidos” y para “llevar a cabo una serie de expropiaciones para las que no se define la finalidad, como exige la ley, sino con la única intención de tener las manos libres para futuras actuaciones”, y teniendo en cuenta que “no debiera haber ninguna modificación urbanística mientras está en proceso de aprobación el Avance del PGOU, porque nada justifica la urgencia”.
Por todo ello Confluencia ha decidido interponer un Escrito de Alegaciones y “exigir que se declare la nulidad del acuerdo aprobado en el Pleno celebrado el pasado 11 de julio”.