Operación Lezo
El Faro | Lunes 24 de abril de 2017
El expresidente madrileño y máximo responsable político detenido en el marco de la Operación Lezo, Ignacio González, habría desviado a la Agencia de Informática y Comunicación (ICN) un millón de euros para sanear las cuentas del Partido Popular de Madrid, según el juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, para la campaña electoral de las elecciones autonómicas celebradas en el año 2011. Esta operación, según el juez, se une a la presunta responsabilidad en la compra de la empresa Emissao y el cobro de una comisión de OHL.
El auto del juez recoge que el exconsejero delegado de ICM, José Martínez Nicolás “infló” contratos suscritos con PWC e Inda para conseguir un millón de euros que el expresidente de la Comunidad, Ignacio González le pidió en el año 2012 para pagar las deudas derivadas de la campaña electoral de las elecciones autonómicas de 2011.
El auto afirma que González, como secretario general del PP madrileño tuvo intención de “sanear las cuentas” de su partido, por lo que el 7 de junio de 2012 se reunió con Martínez Nicolás para solicitarle un millón de euros. El magistrado, Eloy Velasco, constata que esta cantidad se hizo efectiva debido a la “contratación existente entre ICM (ente independiente de la vicepresidencia regional que dirigía en ese momento González, PWC e Indra.
En ese sentido Velasco destaca que “la línea de investigación” de la Operación Lezo está relacionada con la supuesta financiación que había llevado a cabo el PP en la Comunidad de Madrid a través de un ente público independiente de esta”, refiriéndose a ICM.
De hecho afirma que el origen el investigación, comenzó a raíz de la declaración del ex subdirector general de ICM, Silvano Corujo Rodríguez –al que señala como testigo privilegiado de los hechos, al formar parte de todas las mesas de contratación de la Agencia- en la sede de la Fiscalía Anticorrupción.
En esta declaración Corujo desveló que González solicitó “en torno a un millón de euros” a Martín Nicolás con el fin de “sanear las cuentas del PP de Madrid” y aseguró que existían determinados contratos ‘inflados’ de las mercantiles PWC e Indra. Precisamente estas fueron dos de las empresas que la Unión Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil registró el pasado miércoles tras estallar la Operación Lezo. En concreto, a la consultora se le requirió los contratos que tenían con ICM
Ferrocarril Mostoles-Navalcarnerro
Fuentes jurídicas han señalado que entre los indicios delictivos que el juez de la Operación Lezo atribuye al expresidente madrileño está el cobro de una comisión de 1,4 millones de euros por parte de la empresa OHL que habría sido autorizado por el Consejero de esta constructora, Javier López Madrid, igualmente detenido en esta operación y para el cual el magistrado ha acordado su puesta en libertad siempre que deposite 100.000 euros de fianza antes de las 12 horas del próximo 28 de abril. El pago de dicha comisión sería llevada a cabo a través de un banco con sede en Suiza.
Este pago está vinculado, de acuerdo con las pruebas recabadas por la UCO y aportadas al sumario, con el fallido proyecto de la unión ferroviaria entre los municipios madrileños de Móstoles y Navalcarnero. La información sobre este pago tendría su origen en los requerimientos que la Guardia Civil realizó el pasado jueves en la sede de OHL y de otras empresas como Indra, Saerco, Licuas y PWC, en este último caso por los proyectos de la agencia pública ICM, que además es una de las empresas públicas implicadas en el ‘Caso Punica’ por su medicación en los trabajos encargados al presunto conseguidor Alejandro de Pedro, para realizar trabajos de ‘reputación’ ‘online’ en beneficio de los dirigentes del PP de Madrid.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional subraya que gracias a las actuaciones policiales llevadas a cabo “hasta el momento” se ha podido conocer que Indra hizo frente a un “pago monetario de 687.487,58 euros (566.497,58 euros en el año 2012 y 121.000 en el año 2013), para pagar a las empresas proveedoras de la campaña electoral de los comicios autonómicos del año 2011, en los que Esperanza Aguirre se mantuvo en las presidencia de la Comunidad de Madrid, revalidando la mayoría absoluta.
Interposición de empresas
El magistrado también precisa que se interpusieron “entre una y otras” hasta nueve empresas para pagar la deuda de los “populares madrileños”. Se trata de Sintra Consultores, Troyano Marketing y Diseño, Formaselec Consulting , Bravekeart, Manegement, Escuela Europea de Dirección de Empresa, Swat, Pamez Imagen. The Cell Core y Stysap Map, que estarían relacionadas con Oscar Sánchez Moyano, Miguel Madoz Echeverría y José Miguel Alonso Gómez.
El magistrado indica que parte de la investigación se centra en el supuesto enriquecimiento ilícito personal de Martínez Nicolás, pues “se ha podido determinar” que existieron cuentas bancarias a su nombre –y con firma autorizada de su mujer, Paloma Ferreiro e hijo, José Ángel-. En Liechtenstein, considerado paraíso fiscal, que contenían “más de un millón de euros de origen desconocido y ocultos al fisco”.
Durante la investigación de han detectado dos transferencias de estas cuentas a otra radicada en Panamá y Suiza correspondientes a Jesús Arraz Monje y María de los Ángeles Monje Gutiérrez, respectivamente de un total de 1.075.103,95 euros y concretamente. 545.980,66 euros a la primera cuenta y de 529.123, 29 a la segunda, en el país helvético.
El juez instructor entiende que estas dos operaciones son “difícilmente subsumibles en una operativa comercial ordinaria”, por lo que cree que se enmarcan en “operativas de compensación de fondos o el envío de dinero mediante un sistema informal”
También se ha podido saber que el Consejero de OHL, Javier López Madrid, dejó plasmado por escrito unas anotaciones que desvelan que la contratación, de cara a firmar el proyecto de cercanías Móstoles-Navalcarnero en 2007, tenía que seguir “las instrucciones de ‘Nacho’, en referencia al entonces presidente de la Comunidad de Madrid”