Como recordarán los lectores de El Faro del Guadarrama, en el mes de abril del año 2014, de la noche a la mañana, miles de familias madrileñas, entre las que se encontraban 44 residentes en la zona de Los Valles de Collado Villalba, se encontraron con que de vivir en un piso de protección oficial (IVIMA), habían pasado a hacerlo en una vivienda de propiedad de un fondo ‘buitre’. Y esto fue debido a que el gobierno regional, por entonces presidido por Ignacio González, ahora imputado en el ‘Caso Lezo’ o ‘Caso Canal de Isabel II’, “necesitaba liquidez para pagar su deuda”, de ahí la venta de esos inmuebles, hasta entonces del IVIMA, a una empresa ‘buitre’ Goldman Sachs-Azora que compró este parque de 3.000 viviendas a un precio de 63.000 euros cada una de ellas, poniendo las mismas inmediatamente en el mercado a más del doble (entre 150.000 y 170.000 euros). la tercera y aún peor consecuencia que esta transacción para los inquilinos de estos pisos es que se habían acostado con un determinado precio de alquiler y se despertaron al día siguiente con la mensualidad incrementada. En aquel momento se llegó a decir que esta operación le costaría a las arcas de la Comunidad de Madrid alrededor de 300 millones de euros y 480 a los moradoras de estos pisos que habían firmado un contrato de alquiler con opción a compra y ahora veían como el precio de los mismos había subida hasta los 150.000 y 175.000 euros. Los afectados demandaron a la Comunidad de Madrid por un delito de malversación de caudales públicos y prevaricación continuada, al vender por 200 millones de euros un paquete de viviendas cuyo valor era de 369, y el asunto ahí sigue, pero muchos de aquellos adjudicatarios de dichas viviendas sociales construidos en distintos municipios de nuestra región, se han quedado en la calle al no poder ejecutar la opción de compra por el precio y las leoninas condiciones impuestas a la hora de formaliza los pertinentes contratos.
Reapertura del caso en la Asamblea de Madrid
Esta misma semana, los grupos parlamentarios del PSOE y Podemos en la Asamblea de Madrid han considerado que puede haber una ‘trama’ detrás de la venta de estos 2.935 pisos del IVIMA a la filial de Goldman Sachs, firmada en el año 2013 y por tanto han pedido la reversión de la operación en base a que la Cámara de Cuentas ha dictaminado que es “radicalmente nula”, lo que hace pensar a ambos grupos políticos que se cometió una “flagrante ilegalidad” y la operación de venta de dichos inmuebles se hizo de forma chapucera y torticera, posibilitando con ello que esto ‘huela a trama’
El diputado regional de Podemos, Marco Candela, dijo en la Asamblea que “cuando se vendieron estas 3.000 viviendas del IVIMA a una filial de Goldman Sachs “se cometió una ‘chorizada’ y una ‘chapuza’. Por su parte el diputado regional del PSOE, José Manuel Franco calificaba dicha operación de “un cúmulo de despropósitos y actos nulos de pleno derecho”. También el diputado regional de Ciudadanos, Juan Rubio puso en tela de juicio la citada venta, al asegurar.” Tenemos cien millones de euros menos” - y añadió-: “El proceso de adjudicación fue dudoso’ y estamos aquí porque engañaron a los madrileños. Rubio concluyó “Aunque no hay sentencia que diga que esta operación fue ilegal, nosotros tenemos la certeza que no fue ética, estética, ni justa”.
Finalmente tomó la palabra el diputado del Partido Popular, José Luis Fernández Quejo (ex alcalde de San Lorenzo de El Escorial) quien ha sostenido que “la venta de estos pisos estuvo amparada en la legalidad y se llevó a cabo respetando los principios de publicidad, concurrencia, transparencia y objetividad”. “Además, indicó Fernández Quejo, el contencioso ha denegado en cuatro ocasiones la adopción de medidas cautelares de suspensión de la adjudicación”. El diputado popular también dijo que la PNL “no es viable jurídicamente, ha contestado al diputado regional de Podemos que “ninguna persona de las que usted ha nombrado (Ignacio González, por entonces presidente de la Comunidad de Madrid, Ana Gamendio, imputada actualmente por malversación de caudales públicos por su intervención en esta operación; el ex director de la Vivienda, Juan Van-Hallen Rodríguez, o Pablo Cavero, también imputado, están condenados, acusando a Marco Candela de ampararse en la unanimidad parlamentaria para acudir a la Asamblea a difamar”
El asunto de la venta de estas 3.000 viviendas del IVIMA a un fondo ‘buitre’, sigue coleando y. ahora, tras los recientes acontecimientos judiciales que ‘salpican’ al Canal de Isabel II y a la Comunidad de Madrid, parecen cobrar un mayor protagonismo.