La Comunidad de Madrid ha decidido aumentar un 47,3 por ciento la inversión destinada a la modernización de las sedes judiciales para este año, según recoge el proyecto de Ley de Presupuestos de la región para este año, tal como ha informado el Consejero de Presidencia, Justicia y Portavoz del gobierno regional, Ángel Garrido.
Así, el presupuesto previsto para 2017 por la Subdirección General de Infraestructuras Judiciales pasa de 17,8 a 26,3 millones de euros, es decir, 8,5 millones más que en 2016.
Las nuevas inversiones serán destinadas a mejorar edificios, modernización de infraestructuras y mejora de climatización que se multiplica por cuatro, alcanzando los casi 7,5 millones de euros, mientras que la partida destinada a conservación, mantenimiento y limpieza crece un 19,7 por ciento, hasta los 17,8 millones de euros. Este proyecto de Presupuestos para 2017 también contempla 1,57 millones de euros adicionales que serán destinados a la renovación de mobiliario, señalización, etc.; es decir, siete más que el año pasado.
Garrido ha subrayado que con estas cifras, el gobierno de Cifuentes reitera su compromiso con la mejora de los medios destinados a la Justicia. Y a tal fin, la dirección general ya está trabajando en la elaboración de los pliegos para la contratación, mediante concurso público, de aquellas actuaciones que se considera necesario acometer en 2017, entre ellas la elaboración de planes de emergencia y autoprotección de todas las sedes judiciales, la adquisición de equipos y la adaptación de inmuebles para el traslado de alguna sede.
También, el Consejero de Presidencia ha recordado que el gobierno regional va a poner en marcha un plan de choque, en su mayoría para actuaciones urgentes que se adjudicarán y ejecutarán en un plazo de seis meses. Las actuaciones se centrarán principalmente en ámbitos como la climatización e instalaciones eléctricas, la reparación de ascensores y la pintura de inmuebles.
A tal fin, los técnicos de la Dirección General de Justicia han visitado en la últimas semanas las 71 sedes judiciales existentes en la Comunidad de Madrid, con el fin de detectar las actuaciones que requieren una intervención más urgente, entre ellas, según ha podido saber El Faro del Guadarrama, se encuentran las de Collado Villalba, y San Lorenzo de El Escorial, además de otras, como las de Alcalá de Henares, Alcorcón, Aranjuez, Arganda del Rey...
El panorama que recogía la Memoria del Tribunal Superior de Justicia de Madrid es absolutamente desolador, destacando 16 carencias graves: “En general los edificios de los juzgados madrileños están muy anticuados y sufren graves deficiencias con grietas, humedades, acumulación de olores, falta de conservación de la red de saneamiento y otras, como archivos insuficientes, calabozos minúsculos, etc.”. Al respecto, el magistrado Francisco Javier Ciera se quejaba de la situación y calificaba de inconcebible que los juzgados y tribunales de la capital estén dispersados en 21 sedes, a lo que se une que los 20 partidos judiciales de la región, cuenten con 38 inmuebles diferentes, con un “estado de mantenimiento deplorable”
Palacio de Justicia de San Lorenzo
Un esqueleto de ladillos y hormigón abandonado a su suerte es lo queda del proyecto de Palacio de Justicia de San Lorenzo de El Escorial que fue presentado en enero de 2007 por el entonces consejero de Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Alfredo Prada en enero de 2007. Un proyecto que contaba con un edificio de cuatro alturas, ocupando una parcela de 3.108 metros cuadrados, y una bajo rasante, cuyo coste inicial de las obras ascendía a 5,5 millones de euros, teniendo capacidad para siete juzgados, cinco salas de vistas, registro civil, sala de bodas, clínica médico-forense, fiscalía, decanato y servicios de asistencia jurídica. Dos años más tarde, con las obras en marcha (septiembre de 2009), el sustituto de Prada en la Consejería de Justicia, Francisco Granados visitó las obras, anunciando que se había reducido el precio de la adjudicación de la obra en un millón, quedando esta en 4,2 millones.
La penúltima vez que se habló del Palacio de Justicia de San Lorenzo de El Escorial en la Asamblea de Madrid fue cuando la por entonces diputada socialista, Amparo Valcarce preguntó por la situación en que se encontraban la obras de los juzgados sanlorentinos. Beatriz Grande, por entonces directora general de Justicia se limitó a contestar “en momentos de estabilidad presupuestaria (recortes) había que priorizar el gasto de forma que se pudiera garantizar el acceso a la justicia gratuita a 130.000 personas al año. También añadió que el gobierno regional había gastado 1,5 millones de euros en mantenimiento, vigilancia, limpieza y conservación de las distintas sedes judiciales de la región. “Haremos la reposición y mejora de los edificios en función de que la disponibilidad presupuestaria nos permita”, concluyó Grande.
A lo que Amparo Valcarce le respondió. “la justicia para el PP no es una prioridad y finalizar la obra de los juzgados de San Lorenzo de El Escorial, tampoco. Estamos hartos de las ‘primera piedras’ y del autobombo. Es una situación escandalosa, de despilfarro y de mala gestión. ¿Qué hay detrás de todo esto?
Y nunca más se volvió a saber de esta obra hasta que, a primeros de este año el consejero de Presidencia, Justicia y Portavoz del Ejecutivo regional, Ángel Garrido, durante su comparecencia en el pleno del mes de enero de 2017 y en relación con el ‘esqueleto’ del Palacio de Justicia de San Lorenzo, dijo que “se está estudiando -¡casi once años más tarde del inicio de las obras! encargar una valoración sobre el estado en el que se encuentran los edificios de los futuros juzgados de del municipio de San Lorenzo, cuyas oba se iniciaron en 2007, y que dos años después los trabajos se paralizaron por supuestos problemas con la empresa adjudicataria de este proyecto y así continúan”. Es decir nada nuevo. Los rumores que circulan al respecto de esta obra es que finalmente se opte por derribar lo construido y abandonar este proyecto millonario.
Los grupos municipales de la oposición en el Ayuntamiento del Resal Sitio, han mostrado reiteradamente su preocupación por la paralización de dichas obras y por el futuro de las mismas. El por entonces alcalde, José Luis Fernández Quejo, respondía una y otra vez a las interpelaciones de la oposición: “No nos compete a nosotros, es un tema de la Consejería de Obras de la Comunidad de Madrid”.
Ahora las esperanzas de contar con unos nuevos y flamantes juzgados se han empezado a disipar y esto lo confirma el hecho de que Madrid haya optado por la remodelación (lavado de cara) de las actuales instalaciones judiciales sanlorentinas, sitas en la parte superior del viejo edificio del Ayuntamiento, que atienden a más de una decena de municipios de la Sierra, con una población que supera los 100.000 habitantes y que genera alrededor de 20.000 asuntos anuales, datos que fueron los que generaron la demanda de un nuevo edifico judicial para que en él se pudieran realizar dichas funciones en condiciones de salubridad y seguridad” y así lo recogía por entonces en un informe el juez decano de Madrid, A. Basanez Gutiérrez”.