Varios Ayuntamientos de la Sierra de Guadarrama andan estos días preocupados en deshojar la ‘margarita’ para ver si finalmente optan por mantener la privatización de algunos de los servicios municipales, como ha sucedido en Collado Villalba recientemente con el cementerio municipal, u optan por la remunicipalización de los servicios de limpieza viaria y recogida de basuras, como está sucediendo en consistorios como Guadarrama o en Moralzarzal, en el cual hasta el propio equipo de Gobierno se ha dividido a la hora de decidir si remunicipaliza dicho servicio o lo vuelven a sacar a concurso público como en los últimos diez años. De momento y ante la presión de sus ‘socios’, prorrogando el contrato ya finalizado con Urbaser, por dos años más.
No parece fácil para los alcaldes y alcaldesas, ni siquiera para los más vinculados ideológicamente con la izquierda, tomar una decisión al respecto, tal vez porque la estrategia global de la privatización de los servicios públicos se sigue sustentando en un claro proceso de manipulación ideológica de la opinión pública que se ha ido desarrollando de modo sistemático, constante e imparable en los últimos años con el siguiente e indisimulado objetivo: reducir el sector público, que la empresa privada es más eficiente por las bondades del mercado frente a la ineficiencia y el despilfarro de lo público.
Así se justifican las privatizaciones por razones de eficiencia económica, pero cuando hablan de eficiencia no se refieren a sistemas que respondan a principios de equidad y justicia social. Contra la falsa opinión dominante no existe estudio empírico alguno que demuestre de forma fiable que las privatizaciones de servicios públicos supongan una mayor eficiencia y calidad de la gestión privada, ni tan siquiera un aumento de la competencia en los distintos sectores privatizados. Antes al contrario, la realidad resultante de los procesos de privatización diseñados a escalas globales y aplicados en todos los ámbitos de organizaciones políticas bien sea territorial, estatal, autonómica y local, muestra de forma clara e inequívoca que no es así y que ello conlleva entre otras, la siguientes consecuencias: la pérdida del control democrático de los servicios públicos; la pérdida de la caída de la prestación del servicio y el aumento de los precios, llevando a las empresas adjudicatarias a bajar notablemente la calidad de las prestaciones y a subir el coste del mismo a cuenta de los bolsillos de los contribuyentes. También conlleva la reducción de puestos de trabajo, bajos salarios y la precarización del empleo; el crecimiento de la corrupción y el clientelismo; los extraordinarios beneficios económicos que se ponen en juego en los procesos privatizadores mediante concesiones, contratos de suministros, etc., que son un caldo de cultivo idóneo para el tráfico de influencias, la información privilegiada, las extorsiones y sobornos, cobro de comisiones, financiación ilícita de partidos políticos, etc. etc. Tanto es así que Transparencia Internacional ha apuntado que la corrupción en sus diferentes variantes acompaña como una sombra a los procesos de privatización de los servicios públicos.