El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 17 de Madrid ha impuesto al alcalde de Moralzarzal, Juan Carlos Rodríguez Osuna, tres multas coercitivas de 500 euros cada una por no ejecutar una sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
El Fiscal Jefe de la Fiscalía madrileña ha abierto diligencias previas contra el actual regidor de Moralzarzal, por un delito de desobediencia. Así ha sido notificado a las partes a través de una diligencia de ordenación del Juzgado de lo Contencioso número 17 de Madrid, con fecha 26 de enero de 2017.
El alcalde Juan Carlos Rodríguez Osuna (Vecinos por Moralzarzal), fue citado a declarar el pasado 21 de diciembre, en el juzgado de lo Contencioso número 17 de Madrid “al efecto de practicar los requerimientos y notificaciones oportunas”, como así lo recoge un auto de este juzgado de fecha 24 de noviembre de 2016, en el que también “se requiere de nuevo personalmente al alcalde de la corporación de Moralzarzal demandada para que lleve la sentencia a cumplido efecto, en el plazo de 20 días, con apercibimiento de incurrir en una nueva multa personal que podría reiterarse, y deducción del oportuno testimonio de particulares para exigir las posibles responsabilidades penales en que pudiera haber incurrido por su actuación...”
Este auto se remitió de oficio al Ministerio público solicitando “un informe sobre el estado de la instrucción de las diligencias penales que pudieran haberse incoado, requerido en el mes de junio de 2016”
Delito de desobediencia
Ahora el Fiscal Jefe de la Fiscalía de Madrid, según, los antecedentes e informes que obran en su poder, ha abierto diligencias previas por un presunto delito de desobediencia, que será llevado por el juzgado de instrucción número 18 de Madrid.
La sentencia, firme desde el mes de mayo de 2012 del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, anulaba el acuerdo de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Moralzarzal [por entonces presidido por el alcalde del Partido Popular, José María Moreno], de fecha 13 de mayo de 2005, por la enajenación de una parcela municipal que se ofreció a otros dos vecinos por partes iguales. Se estimó el recurso contencioso administrativo presentado por un particular, y se declaró nulo dicho acuerdo, ya que “no es ajustado a derecho, debiendo retrotraerse las actuaciones al momento en el que se cometió falta de audiencia al recurrente en el procedimiento de enajenación de la parcela sobrante”.
El delito de desobediencia en el que ha podido incurrir el actual regidor del Ayuntamiento de Moralzarzal, está tipificado en el Código Penal, en su artículo 556, que castiga con pena de prisión de seis meses a un año a “quienes resistieren a la autoridad o sus afines, o la desobedecieren gravemente en el ejercicio de sus funciones”.
Segundo revés judicial en un mes
El alcalde de Moralzarzal, Rodríguez Osuna, recibe con este el segundo varapalo judicial en apenas año y medio que lleva al frente del Ejecutivo moralzarceño. El primero de ellos dio también cumplida información ‘El Faro del Guadarrama’ el pasado 18 de enero, con amenaza por parte del responsable de Prensa de presentarnos una querella. Este venía de la mano del Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Madrid, que condenaba a este Ayuntamiento por “lesionar el derecho a la libertad sindical de los funcionarios de la Policía Local tras haberse modificado de forma unilateral sus condiciones de trabajo”. La sentencia también recogía que “se ha perjudicado a los funcionarios en la eliminación discriminada de los cuadrantes, impidiéndoles conciliar la vida personal y familiar, al no poder estos prever cuántos y qué días trabajarían”. Advertía la sentencias en su fundamento jurídico tercero que “esta decisión lesiona el derecho fundamental a la libertad sindical [algo que debe saber perfectamente el señor Alcalde, pues él fue durante años representante sindical en Madrid], y que la falta de motivación de estas decisiones administrativas “denotan desprecio por el derecho fundamental a la libertad sindical”. Y lo más grave, desde nuestro punto de vista, es que se le haya querido echar la culpa de esta decisión al menos reprochable, al sargento de la Policía Local, que solo cumplía órdenes, cuando en realidad el presunto responsable es el alcalde, dado que es él el máximo responsable del control del Ayuntamiento y de una manera especial, del área de Seguridad Ciudadana.