La Audiencia Provincial de Madrid ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por el que fuera concejal del Partido Popular en Torrelodones, Jesús María Pacios, contra la decisión del Juzgado número 2 de Collado Villalba, que ordenó el sobreseimiento provisional de la causa contra el ex alcalde de Torrelodones, Carlos Galbeño, que fue acusado por dos concejales del PP, de haber ordenado que le espiasen en el año 2006.
El auto de la juez instructora, al que se sumó el Ministerio Fiscal, acordó el sobreseimiento en el año 2015 al no ver “indicios bastantes de la participación en los hechos”. Tras las denuncias realizadas por los dos concejales del PP, Jesús María Pacios y Reyes Tintó contra Galbeño, el juzgado de instrucción número 2 de Collado Villalba practicó una investigación, en la que inicialmente declaró como imputado al denunciado y a varios testigos relacionados con el Ayuntamiento de Torrelodones y con el Partido Popular.
Tras ello, el juzgado no vio “indicios de delitos”. El auto subraya que los acusadores realizaron un “resumen sobre su personal interpretación de la participación en los hechos de diversas personas, así como supuestas conductas”, indicando que en el recurso de apelación de la citada sentencia interpuesto por el concejal Pacios “el apelante expresa sus particulares opiniones respecto a la participación de distintas personas en los hechos objeto del enjuiciamiento, pero sin que tales apreciaciones tengan sustento alguno en las diligencias de investigación llevadas a cabo”.
Juez y parte
Los hechos se remontan al verana del año 2006, cuando dos concejales del Partido Popular, Reyes Tintó y José María Pacios, fueron apartados de sus funciones debido a “una pérdida de confianza por su indisciplina en el tema del aparcamiento de la calle Real”, decía ayer La Voz de Torrelodones y Hoyo, añadiendo que “a partir de ese momento los ex concejales rompieron la disciplina de voto de su partido”.
Tanto Reyes Tintó como Jesús María Pacios denunciaron que habían sido ‘espiados’ en aquel momento. Según ellos, durante varios días les habían sometido a un “seguimiento exhaustivo con turnos de vigilancia en la puerta de su domicilio”.
Desde el momento que se conoció la noticia, en Torrelodones se sucedieron las acusaciones contra el ex alcalde. Especial relevancia tuvieron entonces las manifestaciones de Vecinos por Torrelodones, entonces en la oposición, que se convirtieron en ‘juez y parte’. En nota de prensa (junio de 2009) mostraron su apoyo a Pacios y Tintó “Por haber sido, decían, objeto de una de las agresiones morales más graves de la democracia...” El momento se aprovechó políticamente de cara a las elecciones al incidir en la misma nota de prensa donde decía: “Vecinos por Torrelodones invita a todos los ciudadanos de nuestro municipio a mantener viva la memoria de los hechos y a poner fin, tan pronto como una convocatoria de elecciones lo haga posible, a la vergonzante trayectoria de nuestros gobernantes locales”.
Sus acusaciones y su ‘memoria viva’ prosigue ya con ‘Vecinos por Torrelodones’ en el Ayuntamiento. En noviembre de 2012 la web municipal publicaba que “el exalcalde de Torrelodones Don Carlos Galbeño, ha sido imputado por un posible delito de revelación de secretos y malversación de caudales públicos”
Sin embargo la web del Ayuntamiento no ha recogido en ningún momento las informaciones recibidas sobre el sobreseimiento de la causa ni de la exculpación del ex alcalde Carlos Galbeño.
Finalmente, el Partido Popular d Torrelodones ha condenado, una vez más, la tergiversación de los hechos por parte de quienes gobiernan el Ayuntamiento de esta localidad y la manipulación política que Vecinos por Torrelodones hace de los medios de comunicación municipal que están financiados con el dinero de los contribuyentes.
Torrelodones: suma y sigue.
Con ete titular, El Faro del Guadarrama desvelaba que los concejales Tintó y Pacios (PP) habían presentado ante la Fiscalía Anticorrupción un dossier en el que detallaban las supuestas irregularidades cometidas por el alcalde Caros Galbeño y el presidente del PP de esta localidad y diputado nacional, Mario Mingo Zapatero.
Según informaba este periódico, los demandantes en donde puntos relataban los hechos acontecidos durante las ´últimas semanas, hasta llegar a una sorprendente conclusión: “Los concejales que suscriben dicha información consideran que o pueden retener todos los datos que han llegado a su conocimiento y que carecen de medios para realizar las investigaciones precisas. Tampoco `puede pronunciarse sobre la absoluta certeza de las informaciones que han recibido ni sobre su calificación como irregulares o no”
Un culebrón de denuncias
Previamente Tintó y Pacios habían llegado a acusar a Mario Mingo, presidente del PP local y Diputado Nacional, de intentar chantajear a una familia de empresarios de la localidad. Según un supuesto dossier, el presidente de los populares de esta localidad, había pedido 150.000 euros al constructor local A.N. a cambio de arreglar ‘su problema’ con el Ayuntamiento (construcción de un parking en la calle Real), que supuestamente dijo: “Me han pedido siempre mucho dinero para el partido, pero en el partido este nunca ha aparecido”, añadió el constructor. Anticorrupción también recibió datos sobre estos casos, destacando entre ellos una denuncia realizada por el notario de la localidad, Benito Martín Ortega, que supuestamente había manifestado a los concejales expulsados del PP que Fernando González, primer teniente de alcalde, le pidió 84.140 euros para levantar el embargo de su casa. El documento supuestamente también hacía referencia a las presiones recibidas por el entonces edil de urbanismo por la adjudicación del servicio de mantenimiento de zonas verdes, parques y jardines a la empresa TBF.”
También se recogía en la citada denuncia presuntas peticiones de pagos por SMS y declaraciones del anterior alcalde del PP, Enrique Muñoz, donde este relataba que Mario Mingo le recriminó por llevar a Génova (sede del PP), una donación para pagar los escoltas del País Vasco, en lugar de dárselo él. El denominado ‘caso’ Torrelodones”, llegó a manos del PP de Madrid, concretamente a las del por entonces secretario general, Francisco Granados, quien se lo quitó de encima diciendo que mientras no hubiera pruebas que acreditasen las acusaciones hechas por Pacios y Tintó, ya expedientados por entonces, no podía hacer nada” Y muchas pruebas no debía haber cuando ahora, diez años más tarde, la Audiencia de Madrid acaba de archivar el caso.