Collado Villalba

¿Hubo dejación de funciones por parte del PP al no inspeccionar las instalaciones del parking de Honorio Lozano?

El Tribunal de Cuentas dice que “la dirección, control y seguimiento será competencia del Ayuntamiento villalbino (clausula 9PPT), que tiene facultades de inspección y control (clausula cuarta del contrato firmado con Concesionaria Villalba, S.A)

El Faro | Martes 10 de enero de 2017

La noticia que les facilitábamos ayer, sobre la apertura de una investigación por parte del Tribunal de Cuentas de la Comunidad de Madrid, sobre la construcción y funcionamiento del túnel-aparcamiento del subterráneo de Honorio Lozano en Collado Villalba, ha generado numerosos comentarios en este municipio que está endeudado desde hace más de seis años debido el coste de esta obra que, como nuestros lectores recordarán, pasó de un coste inicial de 20 millones, cifra en la el Ayuntamiento las adjudicó la UTE Ortiz-Cover, y que posteriormente vía modificados y complementarios, ascendió a 40 millones de euros y que finalmente le terminaría costando a las arcas villalbinas, canon incluido, 111 millones.

“El dictamen del acto tribunal madrileño, anunciando que junto a la Fiscalía investigara las peculiares connotaciones de esta millonaria obra promovida por el gobierno presidido, entre los años 1999 y 2011, por José Pablo González Durán, con mayoría absoluta en las dos últimas legislaturas, también deja entender que el actual equipo de gobierno del Partido Popular podría haber incurrido en una conducta omisiva (dejación de funciones) “porque aunque el ámbito temporal de la fiscalización se circunscribe al ejercicio de 2013, la fiscalización podrá retrotraerse a todos los hechos anteriores que sean precisos para realizar un análisis sobre la situación existente en dicho año y también se tendrán en cuenta los hechos posteriores relevantes que guarden relación con el ámbito del informe”, añadiendo que “el Ayuntamiento [actualmente presidido por la alcaldesa Mariola Vargas, (PP)] ostentará todas las funciones fiscalizadoras sobre el citado parking, pudiendo asistir al arqueo de las máquinas un delegado de la Concejalía de Hacienda. El Ayuntamiento en cualquier momento podrá inspeccionar el servicio, sus obras, instalaciones, locales, así como la documentación relacionada con la concesión.

Tirón de orejas

Sin embargo el Ejecutivo popular no lo ha hecho, de ahí que no se haya levantado acta alguna desde el año 2010, cuando entró en funcionamiento, sobre el abandono de las instalaciones, donde los servicios sanitarios se mantienen generalmente cerrados durante el día y la noche, donde los ascensores no funcionan, donde la suciedad abunda, donde por las noches de hace ‘botellón’, etc

“Aunque no figure registrado en contabilidad alguna, dice el Tribunal de Cuentas de Madrid (página 24 del informe), consta que el Concesionario del aparcamiento [Concesionaria Villalba, S.A] mantiene deudas frente al Ayuntamiento por tasa de Basuras, recogida de residuos, por IBI, por algunos procedimientos sancionadores, que se encuentran en proceso judicial, al mismo tiempo que el Ayuntamiento manteniene deudas con el concesionario.

Finalmente, el apartado octavo (página 72 del informe), dice: “la gestión de los servicios públicos mediante concesión, que lleva aparejada la asunción del correspondiente riesgo por parte de la contratista, se realiza sobre la base de la titularidad municipal del servicio prestado, por lo que los Ayuntamientos [en este caso el de Collado Villalba] deben procurar en todo momento que las prestaciones se desarrollen de acuerdo con lo previsto en la concesión, que se mantenga la calidad del servicio y la satisfacción de los usuarios, que se respete la normativa aplicable en los distintos ámbitos, laboral, fiscal, sanitario, etc, y que se procure un adecuado mantenimiento de las instalaciones”; todo lo contrario de lo que ocurriendo en este aparcamiento. Y lo más insultante es que durante los casi dos años que estas instalaciones permanecieron abiertas al público, con acceso gratuito para todos los usuarios, tras el acuerdo firmado por el Ayuntamiento, por entonces presidido por Agustín Juárez y Concesionaria Villalba, S.A, a la finalización del mismo, la concesionaria reclamó a la tesorería municipal una indemnización por supuestos deterioros producido en ese tiempos en dichas instalaciones, cuando en realidad estos ya existían previamente, aunque al parecer el Ayuntamiento no lo hizo constar en ningún documento