Los sobreseimientos habidos hasta ahora están basados en las incomparecencias de los denunciantes y en la falta de pruebas
El Faro | Viernes 11 de noviembre de 2016
Recordemos que en el año 2011, con José Pablo González Durán (PSOE) al frente de la alcaldía de Collado Villalba, el por entonces presidente del PP y portavoz del grupo municipal, Agustín Juárez López de Coca, presentó denuncia en los juzgados de esta localidad contra el Equipo de Gobierno socialista “por apreciar indicios de delito en la adjudicación de las obras del túnel-parking de Honorio Lozano-Batalla de Bailén”, cuyo coste por entonces ya se había duplicado (pasó de 19 a 40 millones) y, posteriormente, canon del parking incluido, se disparó hasta llegar a cien millones de euros. También, por esas mismas fechas, el Sindicato ‘Manos Limpias’, presentaba una querella criminal contra el Ejecutivo socialista y contra las empresas constructoras que participaron en la obra del túnel-parking, basada en parecidos fundamentos.
Como consecuencia de estas denuncias, el 30 de septiembre de 2011, el Juzgado de Instrucción número 2 de Collado Villalba, emitió un oficio dirigida al Servicio Jurídico del Ayuntamiento de Collado Villalba, en el que decía: “En virtud de lo acordado en el procedimiento de referencia dirijo a usted el presente a fin de que, a la mayor brevedad posible, procedan a remitir a este Juzgado informe sobre, primero: “Las razones de la adjudicación de la obra del túnel, aparcamiento y reforma del entorno de la calle Honorio Lozano, expt. 84/CON/2005 y de la explotación del aparcamiento”. Segundo: “La cesión a la constructora UTE [Ortiz-Cover] de la parcela del Caño de la Fragua, Km.37,2 de la A-6, para el depósito de la tierra extraída de la obra de esta misma calle, así como de las posibles incidencias que hubiera en la misma”
Interviene la Fiscalía
Seis meses más tarde (28 de marzo de 2012), este mismo juzgado que había abierto diligencias previas con el número 648/2011, envía al Ayuntamiento un escrito firmado por el fiscal L. Carmona Minares, pidiendo la comparecencia en sede judicial, en calidad de imputado, de Fernando Álvarez Rodríguez (interventor municipal); Pedro Riveiro Pita (arquitecto municipal); Jesús García del Burgo (director de Urbanismo); Javier González Fernández (representante de Tecnia Ingenieros) y de Francisco Valenciano Borrachero (secretario accidental del Ayuntamiento). Y en calidad de testigos, emplazaba a: Tomás Alberich (concejal de IU), Carmen Rodríguez (concejala del PP), Agustín Juárez López de Coca (presidente y portavoz del grupo municipal del PP), al objeto de que ratificara la denuncia interpuesta y “aportase el informe al que hacía referencia, emitido por un miembro del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos en Topografía, relativo a la no recuperación de la Finca ‘Caño de la Fragua’ a su estado original, existiendo una demasía de escombros de 16.993 metros cúbicos; o al menos identifique a su autor con el fin de poder citar al mismo, para que se ratifique en el mencionado informe”. También, en el mismo oficio, la Fiscalía pidió que “se oficie al Registro de la Propiedad de Collado Villalba, a los efectos de que informe sobre la titularidad, clasificación del suelo y extensión de la parcela Caño de la Fragua, sita en la A-6, pk.37.2 del municipio villalbino.
Por otro lado el fiscal pedía que se oficiase al Hotel ‘Grau Roig’ del Principado de Andorra, “a los efectos de que informe si efectivamente el señor José Pablo González Durán (alcalde) se alojó en la Nochevieja de 2006 en el mismo (posiblemente entre el 27 de diciembre de 2005 y el 2 de enero de 2006), los días concretos, la tarifa de la estancia y quien abonó el importe de la factura. El fiscal también solicitó a la Consejería de Medio Ambiente que informase “a lo dispuesto en al art.41 de la Ley 5/2003 de Residuos de la Comunidad de Madrid, si era necesario exigir fianza en el exp.84/CON/2005, relativo a la adjudicación de la obra del túnel, aparcamiento y reforma del entorno de la calle Honorio Lozano, así como explotación del aparcamiento, cláusula 35, relativa a la cesión de la finca ‘Caño de la Fragua’ para el depósito de los residuos de construcción y demolición a la vista de la entidad de la obra y las dimensiones de los residuos que se iban a generar”. Finalmente, la fiscalía requería al Ayuntamiento villalbino la remisión del acuerdo de la Junta de Gobierno, de fecha 25 de abril de 2006, relativo a la ocupación temporal de la Finca Malvaloca”.
Collado Villalba había protagonizado muchos titulares de periódicos como ABC, El País, El Mundo, La Vanguardia y El Faro del Guadarrama, entre otros, destacando los sobrecostes habidos en esta polémica obra y el ‘amiguismo’ entre constructores y políticos, publicando incluso las fotos de las fiestas y de los viajes del alcalde y el concejal de Urbanismo, con los constructores de la obra, a Andorra y Punta Cana.
Primer sobreseimiento
Con fecha 29 de mayo de 2014, el juzgado número 2 de Collado Villalba emite un auto decretando el “sobreseimiento provisional y archivo de la causa” contra el exalcalde, José Pablo González Durán, por el sobrecoste de dicha obra. El auto no era firme y se basaba en el informe del Ministerio Fiscal que pedía “el sobreseimiento provisional de las actuaciones al no considerar debidamente acreditada la comisión de la infracción penal objeto del presente procedimiento”.
La fiscalía tenía las manos atadas tras comprobar que uno de los denunciantes, Agustín Juárez, no había aportado los documentos que el ministerio fiscal le había solicitado (informe topográfico de un miembro del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos y el nombre de su autor, que certificaba la existencia de 16.993 kilos de escombros de la finca ‘Caño de la Fragua’.
“La posterior incomparecencia del Sindicato ‘Manos Limpias’ para ratificar su denuncia, dejó el camino expedito para que la titular del Juzgado número 2 de Collado Villalba archivase, también provisionalmente, la causa “ indicando que a la vista de los solicitado por el Ministerio Fiscal en el informe elaborado en abril de 2014, el hecho denunciando no revisten caracteres de infracción criminal”, y decretaba “el sobreseimiento provisional de las actuaciones y el archivo de la presente causa”.
Tras hacerse pública esta sentencia, José Pablo González Durán, en declaraciones a Europa Press, habló de la “existencia de una cacería política, utilizando unas fotos para ir en mi contra de una manera sádica y cruel”. Y añadió:“las obras del túnel, el aparcamiento y la reforma en superficie de las calles Honorio Lozano y Batalla de Bailén se realizaron porque las pedían todos los vecinos, ya que no había donde aparcar en el centro del municipio”. Y finalizó su intervención afirmando: “la denuncia fue presentada por el PP de Collado Villalba y por el sindicato Manos Limpias, pero tras un primer sobreseimiento el PP, que tanto ha estado presionando, sobre todo el actual alcalde [Agustín Juárez] no se personó nunca. Tampoco lo hizo el Sindicato Manos Limpias”.
Ciudadanos pide la reapertura
El último capítulo o el penúltimo, quién sabe, de este largo contencioso judicial lo puso el grupo municipal de Ciudadanos (25 de enero 2016), representado por los ediles Julio J. Henche Morillas y Bernardo Arroyo Abad, quienes pidieron la reapertura del procedimiento, basándose en siete puntos, todos ellos relacionados con el ‘geotécnico’ de la obra. El 31 de marzo de 2016, la titular del juzgado número 2 de Collado Villalba, emite la siguiente providencia: “Encontrándose a día de hoy las actuaciones en la Fiscalía para informe, se remiten los escritos presentados por las partes, para su unión al procedimiento y para conocimiento del Ministerio Fiscal”. El 27 de julio fue desestimado el recurso “porque no procedía su personación en esta causa y se daba traslado a la Fiscalía por “si hubiese que actuar de oficio”. Dos meses más tarde (13-09-2016) se notificaba a Ciudadanos el auto de sobreseimiento de las actuaciones, alegando que “no hay causas nuevas, por lo que no procede su reapertura”, y añadía: “ ya se valoró por parte del Consejo de Estado, considerando correctas las actuaciones realizadas”.
Ciudadanos insiste en abrir el caso
¿Será este el final del periplo judicial sobre el ‘Caso Villalba’? Los villalbinos creen que el daño económico ocasionado por estas obras a las arcas municipales no se ha compensado con la depuración de responsabilidades políticas -recordemos que el PSOE en las elecciones de 2011pasó de ser la primera fuerza política local (13 concejales), a quedarse en solo siete-, más cuando el despilfarro de esta y otras obras de menor cuantía, ha llevado a la tesorería municipal al borde de la quiebra, situación que a día de hoy no parece haber tocado fondo, pues aún la semana pasada el Ayuntamiento tuvo que hacerse cargo, previa notificación judicial, del pago de varias facturas, consecuencia de otras obras que dejó sin pagar la administración socialista durante el periodo comprendido entre los años 2000 y 2011, por un importe, incluidos gastos judiciales, de más de 300.000 euros.
También conviene recordar que en septiembre de 2011, y así lo recogió ‘El Faro del Guadarrama’ en su edición del 13 de septiembre, el secretario municipal emitió un demoledor informe al respecto, al señalar que:”Las finanzas del Ayuntamiento son insostenibles, convirtiéndose en una auténtica losa para la economía villalbina”. Y pedía: “se trasladen las correspondientes actuaciones a los juzgados de Collado Villalba y se ponga todo lo relativo a este proyecto en conocimiento del Tribunal de Cuentas y de la Fiscalía”. Pero al final, unos por otros, la casa sin barrer y la ‘patata caliente’ ahora está en las manos de la alcaldesa, Mariola Vargas, quien se queja, y con razón, de la ‘deuda heredada’ a la hora de justificar el deterioro y la carencia de algunos servicios públicos que presta el Ayuntamiento.
Después de los sobreseimientos judiciales habidos, el grupo municipal de Ciudadanos -tal como anunció el pasado jueves en rueda de prensa su portavoz, Julio Henche Morillas-, va a pedir al Equipo de Gobierno que se persone en esta causa, siendo así el propio Ayuntamiento, con su alcaldesa a la cabeza, y los servicios jurídicos municipales, los que presenten toda la documentación sobre esta obra en la Fiscalía Anticorrupción. Recordemos que el Artículo 68 de la Ley de Régimen Local dice: “Las entidades locales y sus responsables tienen la obligación de ejercer las acciones necesarias (incluidas las judiciales) en defensa de los bienes y derechos de sus representados”. No hacerlo, podría ser tipificado como un delito de ‘dejación de funciones’.
Nadie entiende que, después de seis años de denuncias y de fuertes debates políticos sobre esta obra, ni Agustín Juárez, tras ganar las elecciones de 2011, ni su sucesora, Mariola Vargas, hayan denunciado ante la Fiscalía Anticorrupción una obra que fue adjudicada en 19 millones de euros, al final, con modificados, complementarios y el famoso canon del parking, su coste total supere los 100 millones, un precio totalmente desorbitado que, si nadie lo remedia, lo tendrán que pagar todos los villalbinos.