La millonaria deuda del Ayuntamiento de Valdemorillo en la Fiscalía

En la redacción de El Faro del Guadarrama se recibió, el pasado 28 de octubre, un nota firmada por Nicolás Bayarri Toscano, Primer Teniente de Alcalde y Concejal de Economía, Hacienda y Administración Electrónica del Ayuntamiento de Valdemorillo por el partido ‘Sí se Puede’, Alternativa Ciudadana por Madrid (Valdemorillo), en la que Bayarri manifestaba que “Esta misma mañana hemos entregado en la Fiscalía la Auditoría Externa de Contratos y el Diagnóstico Económico Financiero que se ha elaborado recientemente en esta localidad. Adjunto -prosigue la nota- el escrito y una imagen de los firmantes, a excepción de una concejala que no ha podido asistir a la entrega. Pongo en conocimiento que esta Auditoría señala la obligación de hacer frente a una devolución proveniente de Convenios Urbanísticos de fecha 19 de febrero de 2004 y 24 de febrero de 2005 por un valor de 5.446.381,74 euros, a pagar durante los próximos diez años. Esta deuda, además, no fue reclamada hasta el 16 de enero de 2015, a escasos meses de la entrada al consistorio del nuevo Equipo de Gobierno”.

Una auditoría compleja
En julio de 2015, Nicolás Bayarri, como responsable del área de Economía y Hacienda, cuantificó ya la deuda de la tesorería municipal en 13.787.337 euros. “Esta cifra, indicó el edil, es el resultado de sumar los 5.491.965 euros que reclama al Ayuntamiento la constructora AFAR-4 por convenios firmados en los años 2004 y 2006 y las operaciones de tesorería del Consistorio”, adelantado que “podrían aparecer nuevas ‘sorpresas financieras’ y anunciaba la posibilidad de realizar una auditoría que permitiera conocer la situación real de las arcas municipales”.

Con un gran esfuerzo el Ejecutivo emprendió esta auditoría con la única intención de llegar a conocer la situación real de la tesorería local y hacer accesibles y públicos los resultados de la misma. Tanto es así, que sólo presentaron oferta cuatro de las ocho empresas invitadas al concurso debido, principalmente, a la fuerte insistencia por parte del Ejecutivo de hacer público un documento pagado por los vecinos del municipio y que, obviamente, les atañe como integrantes del mismo.

Igualmente se informó a los ciudadanos que se daría traslado de estos informes a profesionales jurídicos para que valorasen si pudiera existir algún tipo de responsabilidad penal que no haya prescrito.

En cuanto a las conclusiones que derivan del resultado de esta auditoría, una de las más importantes a la que han llegado los auditores es la de considerar en parte la reclamacion de una deuda de 6.705.371, 85 euros con diez años de antigüedad, que el Equipo de Gobierno conoció al entrar al Consistorio, concretada más tarde en 5.446.361,74 euros.

El Gobierno local subrayaba también su confianza en que “a través de este trabajo podríamos inculcar un hábito democrático y necesario para conocer de forma transparente la situación económica municipal”. Destaca así la apuesta del Ejecutivo “por normalizar esta gestión de transparencia en cualquier ayuntamiento independiente y de cualquier color político a fin de poder conocer su estado de cara a una gestión política adecuada
21 expedientes auditados
Para consumar la auditoría que ya obra en poder de la Fiscalía de Madrid, según ha podido saber este periódico, han sido analizados 21 expedientes, de los cuales 16 corresponden a obras, servicios, adquisiciones y contabilidad y, seis, a urbanismo. Entre los primeros destacan: el servicio de recogida y transportes sólidos urbanos, limpieza viaria y jardinería; construcción de la polémica plaza de toros municipal; organización de festejos taurinos y posterior construcción de la cubierta de la plaza; concesión de la explotación del estacionamiento subterráneo; servicios de apoyo a la recaudación ejecutiva y colaboración con la tramitación de multas de tráfico y construcción de infraestructuras municipales con un espacio susceptible de explotación comercial a ubicar en un recinto del parque municipal de Valdemorillo y explotación de esta infraestructura, entre otras.

Y en el capítulo de urbanismo, conviene destacar el polémico convenio relacionado con ‘Prado Coladillo-Las Portaleras’, la elaboración del avance del PGOU y la aprobación de dicho Plan y los convenios urbanísticos relacionados con el casco urbano.

Una vez más, los gobiernos presididos por la ex alcaldesa y actual concejala del PP, Pilar López Partida, vuelven a ser protagonistas de la judicialización política de este municipio. Hasta ahora López Partida ha salido indemne de esas denuncias.