El Faro | Martes 18 de octubre de 2016
El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy, martes, una ampliación del gasto de la Renta Mínima de Inserción (RMI) de 26.496.647,30 euros, que se suma a los otros 120 millones que se habían destinado ya hasta el mes de septiembre. De esta manera, la Comunidad de Madrid invertirá este año hasta 146.496.647,30 euros para las personas que están en situación de especial vulnerabilidad de la región, una prioridad para el Gobierno regional.
La RMI se concede a toda persona para poder afrontar las necesidades básicas de la vida durante el tiempo que sea necesario y siempre que se cumplan los requisitos establecidos en la Ley, como carecer de ingresos, tener un patrimonio inferior a los 13.519,80 euros en el caso de una persona que viva sola (la vivienda habitual no se computa), contar con residencia legal en la Comunidad de Madrid y estar empadronado en algún municipio de la región con una antigüedad de, al menos, 12 meses.
En la Comunidad, la RMI no es una prestación económica pasiva sino que contempla la realización de proyectos de inserción sociolaboral para facilitar el acceso al mercado de trabajo y la consiguiente autonomía económica. Desde la entrada en vigor de la Renta Mínima de Inserción en el año 2002, el 50% de los perceptores ha dejado de recibirla al mejorar su situación laboral. También, los proyectos de inserción sociolaboral puestos en marcha por la Comunidad han logrado que más de 24.000 personas encuentren un trabajo en este tiempo.
La cuantía de la RMI se establece en función del número de miembros de la unidad familiar, abarcando desde 400 euros para una sola persona hasta un tope de 655 euros para familias de tres o más miembros. En total, han recibido esta prestación más de 59.053 familias.
Precisamente, en la línea de trabajo para luchar contra la exclusión social, el Consejo de Gobierno acaba de aprobar la Estrategia Madrileña de Inclusión Social 2016-2021, que cuenta con 135 medidas y 2.866 millones de presupuesto. A través de esta estrategia se pretende mejorar y reforzar los plazos de adjudicación y requisitos para poder optar a la Renta Mínima de Inserción (RMI), de forma que no quede nadie en la región en situación de exclusión o en riesgo de estarlo sin que reciba la ayuda de la administración.