El Faro | Jueves 28 de julio de 2016
A pesar de que los restos de Manuel y Antonio Lapeña, deben ser exhumados del Valle de los Caídos, según sentencia firme del juzgado número 2 de San Lorenzo de El Escorial, el proceso puede retrasarse un año.
Aún así, Patrimonio Nacional asegura que cumplirá las resoluciones judiciales ‘escrupulosamente’, pero ha reclamado dos informes técnicos (así lo adelantaba ayer El Faro del Guadarrama) antes de abrir el columbario. “El padre de la demandante (hijo de uno de los hermanos sobre los cuales se ha autorizado la exhumación), tiene 92 años. El tiempo que puede durar el proceso legal requerido por Patrimonio Nacional puede ser superior al resto de vida que le queda”, según denuncia Eduardo Sanz, abogado de la familia que ha demandado al organismo público.
Tras varios años apaleando (la primera demanda de la familia arrancó en 2012). Cuatro años más tarde, es decir, en enero de este año, el juzgado número dos de Primera Instancia de San Lorenzo de El Escorial reconoció “el derecho a la digna sepultura a la familia Lapeña”. es decir, le permitió exhumar los cuerpos de los hermanos Manuel y Antonio Lapeña, fusilados en 1936 y trasladados al Valle de los Caídos en 1959. En ese momento, Patrimonio alegó que la sentencia no era firme. “Ahora ya lo es”, apunta el abogado de la familia. “No hay opción de recursos”
Demanda contra Patrimonio
A pesar de que la resolución judicial es inapelable, Patrimonio ha pedido dos informes, uno al Colegio Médico Forense, órgano consultivo del Ministerio de Justicia, y otra al Instituto de Ciencia de la Construcción Eduardo Torroja, en Zaragoza, para estudiar el estado de las galerías. La familia entiende que la única motivación del organismo es retrasar el proceso por lo que ha decidido demandar: “la Ley de Memoria Histórica entró en vigor en diciembre de 2007, y por tanto entendemos que, aplicando esa fecha como punto de referencia, Patrimonio Nacional ha tenido más de diez años para solicitar dichos informes”, explica el escrito presentado.
El éxito judicial (por la vía civil tras el fracaso por la vía penal), la familia Lapeña representa el primer caso de exhumación judicial en el Valle de los Caídos que aplica la “perpetua” memoria, a un procedimiento jurisdiccional de finales del siglo XIX y que fue apuntado por el Supremo como una vía alternativa a la penal para investigar los crímenes del franquismo. El año pasado el Gobierno, con Rajoy al frente, derogó varios artículos de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que datan de 1881, evitando así que puedan surgir nuevas demandas similares. Como el proceso de la familia Lapeña ya había comenzado este siguió su cauce. “Patrimonio hace lo que ve en casa, y lo que observa en un ministro poniendo medallas a unas vírgenes, en vez de cumplir con la Constitución española las leyes y las sentencias firmes”, denunció el abogado Sanz en la demanda.