El Ejecutivo socialista tapó otros ‘agujeros’ con el millón de euros concedido por el Ministerio de Cultura para un ‘Teatro Sin Barreras’

El Tribunal de Cuentas desestimó el 1 de octubre de 2013 la demanda interpuesta por el Ayuntamiento de Collado Villalba (denuncia que fue presentada a petición de este alto Tribunal), contra el ex alcalde socialista, José Pablo González Durán, contra el ex concejal de Hacienda, José Antonio Gómez Sierra y contra el por entonces interventor municipal, Alfonso Vidal Delgado, por un supuesto desvío de fondos concedidos por el Ministerio de Cultura al ayuntamiento villalbino; todo ello relacionado con el convenio firmado el 14 de diciembre de 2010 entre este Consistorio y el Instituto Nacional de Arte Escénica (INAEM), para la construcción de un Centro Nacional de Teatro Sin barreras en esta localidad, cuyo importe ascendía a once millones de euros.

El 12 de abril de 2012, el Ayuntamiento por entonces presidido por el PP, denuncia a través de su alcalde, Agustín Juárez, que el millón de euros concedido por el Ministerio de Cultura al anterior gobierno socialista, no había sido destinado a la finalidad para la que fue concedido en dos partidas, una de 450.000 y otra de 550.000 euros, sino que dichos importes habían sido destinados al pago de intereses y comisiones generados por los préstamos bancarios que previamente había solicitado el Ayuntamiento socialista y para liquidar parte de las deudas contraídas por la hacienda local con la Tesorería General de la Seguridad Social.

Aunque la sentencia del Tribunal de Cuentas reconoce desde el primer momento que el Ayuntamiento incumplió con la finalidad de las subvenciones recibidas “con independencia del reproche jurídico que esto puede suponer, tras haber reintegrado las referidas subvenciones, hace que no existan elementos de juicio para considerar que hayan concurrido los requisitos necesarios para la existencia de una responsabilidad contable por alcance” y, por tanto, no hubo perjuicio para los fondos públicos”, afirmación al menos incorrecta puesto que el ayuntamiento de Collado Villalba fue el que sufragar los gastos e intereses generados por ese desvío de fondos (la última de ellas por importe de 70.785 euros que ahora acaba de reclamar el ex regidor socialista José Pablo González a las arcas municipales”, pese a declarar en una emisora villalbina: “Si usted me pregunta si está mal hecho -se refería al desvío de fondos del teatro-, SI”.

Donde dije digo, digo...

Pero volviendo al inicio de las actuaciones, hemos de decir que el 17 de diciembre de 2012, la Abogacía del Estado demandó al alcalde socialista, José Pablo González Durán, al ex concejal de Hacienda, José Antonio Gómez Sierra (ambos implicados también en el ‘Caso Villalba’), y al ex interventor municipal, Alfonso Vidal Delgado ante el Tribunal de Cuentas, pidiendo para ellos el embargo preventivo de sus bienes por un importe total de 1.051.931,15 euros “por los perjuicios causados a los caudales públicos” en relación a la citada subvención de un millón de euros, entregada en dos plazos, uno de 450.000 y otros de 550.000 euros, en el año 2011, cantidades que deberían, como dijimos anteriormente, haber sido destinadas al proyecto de construcción de un Teatro Sin Barreras en este municipio. Dado que la mencionada subvención fue destinada a otros fines, la Abogacía del Estado abrió diligencias y trasladó sus conclusiones al Tribunal de Cuentas, solicitando para los demandados -alcalde, concejal de Hacienda e interventor-, que fueran condenados al “pago de los intereses de demora y que les fuera retraída dicha cantidad de sus cuentas corrientes, condenándoles al pago de las costas procesales. Y para garantizar el cumplimiento de dicha medida, el representante del Estado les embargaba sus bienes. Pues bien, al final, tras el sorprendente giro dado por la Abogacía del Estado, los intereses y los gastos los terminó pagando la hacienda local y los costes judiciales, ahora reclamados por el ex alcalde, José Pablo González al Ayuntamiento, posiblemente también.

Y lo más curioso del desenlace de este ‘curioso’ asunto es que ese mismo Abogado del Estado, el 17 de enero de 2013, presentó un nuevo escrito ante el Tribunal de Cuentas en el que exponía que “para evitar el procedimiento de “reintegro por alcance, y dado que el importe desviado, paulatina y constantemente viene reduciendo el saldo deudor perseguido hasta entonces (lo estaba pagando el Ayuntamiento), lo que llegará posiblemente a ser inexistente en marzo del año próximo, el Estado desiste de la demanda (Art. 78.2 de la LFTC), es decir, que como el ayuntamiento estaba ya cancelando ese millón de euros y los correspondientes intereses de demora, la Abogacía del Estado que poco antes había observado presuntas irregularidades y responsabilidades, se retiraba de la causa. Y colorín, colorado, esta increíble historia aún no se ha acabado, al menos hasta que el ex alcalde, José Pablo González Durán cobre los 70.785 euros de la minuta pasada por su abogado.