Opinión
El Faro | Martes 12 de julio de 2016
María del Mar Gil, primera teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Collado Villalba cargo que ocupa tras la dimisión de Alberto Sánchez y José Ramón López en menos de un año ha pasado a ser la nueva supuesta ‘persona de confianza’ de la alcaldesa Mariola Vargas, aunque algunos miembros del Ejecutivo popular la consideren más una ‘paracaidista’ e incluso, ‘espía’ de Génova que una ‘colega’ de grupo político.
María del Mar Gil ha pasado lo que llevamos de legislatura con más pena que gloria. Sus intervenciones, como portavoz municipal, sobre todo en las sesiones plenarias han sido poco convincentes y bastante polémicas. Cuando ha tenido que sustituir a la alcaldesa, Mariola Vargas, los portavoces de los grupos de la oposición la han puesto en serios aprietos. Su última intervención pública se produjo la semana pasada, cuando Gil hubo de explicar la presencia de la UCO (Guardia Civil) en las dependencia de la Casa Consistorial por el caso ‘Térmyca’, zanjando el asunto, más o menos, así: “Esta mañana se ha personado la UCO en el Ayuntamiento, no es la primera vez que ocurre, ha ocurrido por desgracia otras veces en Collado Villalba, para pedir algún tipo de información o documentación sobre algún expediente sobre una empresa a la que se adjudicó un contrato abierto en 2012; parece que la información que requerían es de 2015, porque esta empresa contratada por el Ayuntamiento de Collado Villalba en 2012 absorbió en 2014 a otra que es la que está siendo investigada y el titular del juzgado número 1 de Vendrell (Tarragona) ha pedido documentación y se la hemos dado desde 2012, hasta ahora...” A los grupos de la oposición municipal la explicación no les pareció suficiente ni convincente, acusando a la alcaldesa de no dar la cara en este asunto. Es más, la intervención de Gil sólo sirvió para echar más leña al fuego y al final quien saldría peor parada fue la alcaldesa, Mariola Vargas, a la que los grupos de la oposición criticaron con razón por escurrir el bulto ( y es que en caso, decía un edil, es cuando la señora Vargas tiene que justificar el sueldo).
Gil -cuyo sueldo alcanza la cifra de 59.000 euros anuales- llegó al Ayuntamiento villalbino proveniente de Madrid, tras ser cargo de confianza y concejal vecino durante años. Es su segundo mandato y tanto en el primero como en este fue impuesta desde Génova, ya no sólo en la lista sino en el número que debía ir. Parece ser que los años al servicio del PP tanto de ella como de su pareja Eduardo Oria de Rueda Elorriaga - edil del Ayuntamiento de Pozuelo, cuyo nombre también ha aparecido como ‘relleno’ en las últimas listas del PP de Madrid al Senado-, así como por el hecho de estar emparentada Beatriz Elorriaga ha supuesto suficiente currículum como para ganarse un puesto entre los primeros cinco de las listas del PP villalbino.
Política y políticos
La política, suele decirse, es el arte del buen gobierno y los políticos deben ser vocacionales y estar al servicio del bien común. Y esto, por desgracia, es lo que no está sucediendo hoy en nuestro país, donde a muchos cargos públicos afines a las siglas de su partido les importa más gestionar su imagen para seguir ‘haciendo carrera’, que solventar los problemas de sus representados en el ayuntamiento o comunidades autónomas. Algunos, por no decir la mayoría, ocupan cargos de responsabilidad (como del caso que hoy nos ocupa) sin otro merecimiento curricular que su militancia o la influencia que pueda tener su pareja o hermano con el partido en cuestión, sin gozar de experiencia alguna en la tarea que se les ha encomendado.
Y es que ser político, mejor dicho, vivir de la política sobre todo en estos momentos de crisis, es un verdadero chollo, pues aparte de los generosos sueldos asignados, están las dietas, los viajes, las comidas, etc. Algunos incluso se jubilan con ocho años de ejercicio y les queda casi todo el sueldo. Y es que un concejal de un Ayuntamiento medio, por ejemplo, gana más que un catedrático de Universidad o un médico.
La evidencia nos hace concluir que los partidos no deberían permitir acceder a la política a nadie, por muy amigo que sea y que cuente con un ‘curriculum’ que demuestre una notable trayectoria profesional en otra actividad a la que pueda regresar al finalizar su actividad pública. Lo mismo debería suceder con los ‘paracaidistas’, esos que ni siquiera conocen los nombres de las calles del municipio que presuntamente van a gestionar. Si se pusiera freno a todo esto, la clase política estaría mucho mejor considerada por sus representados, cuyo objetivo no es otro que el que sus representantes políticos sirvan a la sociedad y no a sí mismos.