El Faro | Miércoles 06 de julio de 2016
La sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo ha anulado el plan urbanístico que tenía previsto construir un centro comercial junto al río Guadarrama en el municipio de Collado Villalba. La decisión viene a instancias de un recurso presentado por la organización Ecologistas en Acción. En la sentencia a la que ha tenido acceso Europa Press, la Sección Quinta, ratifica la nulidad del acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Collado Villalba, con fecha 16 de junio de 2009. En el acuerdo, se aprobó definitivamente el Plan Especial que daba luz verde a la instalación de un centro comercial y las infraestructuras que acompañaban el edificio junto a la cuenta del río Guadarrama. La construcción corresponde al sector 1.6 del Plan General de Ordenación Urbana de la localidad.
La resolución del alto tribunal rechaza el recurso de casación interpuesto por el Ayuntamiento de Collado Villalba contra una sentencia anterior del Tribunal Superior de Justica de Madrid que ya había estimado un recurso interpuesto por ecologistas en Acción.
De hecho el Supremo ratifica el criterio del tribunal madrileño que estimó el recurso de la organización y resolvió anular el plan. La decisión fue tomada con base en el hecho de que el proyecto urbanístico no contaba con un análisis ambiental. El lugar donde sería construido el cetro comercial está colindante con la cuenca del río Guadarrama, reconocida como “lugar de importancia comunitaria y consolidada como “Zona de Especial Conservación”.
El Tribunal de Justicia de Madrid había admitido a trámite el 30 de noviembre de 2009, el recurso contencioso administrativo interpuesto por Ecologistas en Acción (Coda), solicitando la nulidad del acuerdo del pleno del Ayuntamiento de Collado Villalba, celebrado el 16 de julio de 2009, donde con los votos del PSOE se aprobaron los informes de contestación a las 33 alegaciones presentadas tanto por este colectivo como por los grupos municipales del PP, IU y por la Asociación de comerciantes ‘ADEC’, lo que, aún así, facilitó la aprobación definitiva del Plan Parcial de los terrenos de “Caño de la Fragua” para la construcción de un centro comercial.
Una empresa ‘fantasma’
En cuanto a la presunta adjudicataria de dichos terrenos a la empresa Eurofund Investments La Villa, S.L, el 31 de mayo de 2011, ‘El Faro del Guadarrama’ publicaba que, según el Registro Mercantil de Zaragoza, los propietarios de la única litigante a los terrenos de propiedad municipal del ‘Caño de la Fragua’ para la construcción y explotación de un macro centro comercial, había procedido a la renovación de los miembros del Consejo de Administración de esta sociedad, de origen luxemburgués, y cuyo capital social ascendía a 3.500 euros. Las revocaciones de los cargos se realizaron el 10 de junio de 2011, nombrándose a Tomás Blaxland Simón, secretario y consejero y a Pedro Pérez Montero, conocido gestor de centros comerciales en nuestro país, como consejero y apoderado solidario. Todos ellos habían sido nombrados el 30 de septiembre de 2010 para desempeñar dichos cargos, es decir, pocos días antes que Eurofund Investments La Villa presentara en el ayuntamiento villalbino su oferta para litigar por los terrenos próximos a la ITV y que los anteriores directivos fueran cesados tras del batacazo electoral sufrido por el PSOE en las elecciones municipales celebradas en mayo.
Desde el mes de septiembre de 2010 este periódico venía desvelando con todo detalle los entresijos de una pretendida adjudicación administrativa que tenía todos los aditivos de un ‘pelotazo urbanístico’ algo que posteriormente quedaría probado tras el informe realizado por el secretario general del Ayuntamiento de Collado Villalba, informe que dio origen a la suspensión definitiva de dicha enajenación, pese a los esfuerzos realizados en sentido contrario tanto por el alcalde socialista, José Pablo González Durán como por su edil de Hacienda (antes Urbanismo), José Antonio Gómez Sierra. También sería ‘El Faro del Guadarrama quien desvelase en primicia el nombramiento como presidente como presidente del Consejo de Administración de Eurofund Investments La Villa, de Pedro Pérez Montero, por entonces director general de Metro Cuadrado Global, empresa que curiosamente y de manera supuestamente ‘altruista’ encargó una encuesta que, posteriormente, sería utilizada por el periódico ‘El Telégrafo’, medio afín al alcalde villalbino, para propagar las supuestas ‘precariedades’ del sector comercial de este municipio. Dicha encuesta sería posteriormente utilizada por el alcalde , José Pablo González, a fin de justificar la construcción de una gran superficie comercial en los terrenos situados entre la ITV y la A.6. Incluso en el Pliego de Condiciones elaborado por el Ayuntamiento también se recogía: “recientes estudios de mercado, destacan una carencia de oferta comercial en este municipio, de ahí que los residentes en el mismo tengan que desplazarse a otros, incluido Madrid, para realizar sus compras”
Un informe determinante
El concurso se convocó en agosto y el 4 de octubre, fecha límite para la admisión de las licitaciones, solo se había presentado una: Eurofund Investments La Villa S.L., lo que provocó bastantes críticas y enfrentamientos verbales en el seno corporativo. El Ejecutivo socialista, pese a todo esto, no solo siguió defendiendo las necesidades este tipo de implantación, sino que también lo hizo sobre el insignificante potencial económico de una empresa que había sido fundada el 23 de julio de 2010 , es decir mes y medio antes de salir a concurso dicho proyecto, con un capital social de 3.500 euros. Solo el contundente informe elaborado por el entonces secretario general del Ayuntamiento fue capaz de poner freno al empeño del Equipo de Gobierno empeñado en adjudicar dicha parcela a la citada empresa.
Pero el 4 de febrero de 2011, en un ple o extraordinario, la corporación municipal acordó dejar desierto este concurso. En el posterior recuso presentado contra la decisión tomada por el Pleno, Eurofund Investments La Villa decía que el Ayuntamiento “podría haber llegado a la conclusión de que lo inadecuado había sido, no el incumplimiento por parte de Eurofund de los registros establecidos en el Pliego, sino la legalidad del propio Pliego; es decir que el Ayuntamiento convocara a continuación un nuevo concurso para la adjudicación de este contrato, basándose en un nuevo Pliego, lo que supondría que el Ayuntamiento estaría admitiendo la ilegalidad del mismo. Pero ya por entonces, el Gobierno socialista estaba en la oposición y el PP no estaba por la labor”.