El Faro | Miércoles 22 de octubre de 2014
El Consejo de Gobierno aprobó ayer el decreto que regula la nueva normativa de convivencia escolar de la Comunidad de Madrid y que entrará en vigor el próximo curso 2007-2008. La norma establece un código de buena conducta en cada centro, y otorga más autoridad a profesores y directores. También regula las sanciones, que pueden llegar a la expulsión del alumno, para actos graves de indisciplina, el acoso escolar o las agresiones, entre otras medidas.
La nueva normativa obtuvo por mayoría la aprobación del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid.
El decreto establece que cada centro deberá elaborar su propio Plan de Convivencia con un código de buena conducta o reglamento para los alumnos en el que figuren las normas de comportamiento que los alumnos deben respetar obligatoriamente. Las infracciones de las normas de conducta, mientras no concurran circunstancias agravantes, se considerarán faltas leves y podrán ser sancionadas de forma inmediata por cualquier profesor del centro. La nueva normativa elaborada por el Gobierno regional pretende fomentar el respeto y la convivencia en las aulas reforzando la autoridad a profesores y directores, así como atajar la creciente indisciplina en los colegios.
La norma también recoge que no se permitirá el uso de teléfonos móviles y aparatos electrónicos en las aulas (como mp3 o consola), con el fin de que los profesores puedan impartir sus clases con normalidad. Esta medida responde a las reiteradas quejas de los docentes sobre el uso y la proliferación de estos aparatos, que ocasionan graves trastornos en el desarrollo normal de la enseñanza.
Becas de excelencia
Por otra parte, la Comunidad concederá becas de excelencia el próximo curso 2007-2008 a los 1.502 mejores alumnos que inicien sus estudios o estén ya matriculados en las universidades de la región, sus centros adscritos, así como en el Centro Asociado de la UNED. Para la financiación de los 4.500 euros que percibirá cada estudiante beneficiario de estas becas, el Consejo de Gobierno ha aprobado una inversión de 6,7 millones de euros.