El Faro | Domingo 15 de mayo de 2016
"El PP se resiste a perder sus privilegios, haciendo uso de subterfugios legales. Sus concejales, de forma individual, han recurrido el acuerdo organizativo aprobado por los votos mayoritarios de la oposición, en el que, entre otras medidas, se rebajaba su sueldo. Su objetivo: retrasar la investigación de la Fiscalía Anticorrupción y la Defensora del Pueblo" han señalado los grupos Cambiemos Galapagar, e Izquierda Unida en un comunicado conjunto
Los concejales del PP demandan al Ayuntamiento por el acuerdo organizativo aprobado por mayoría absoluta a través de una moción de urgencia consensuada por todos los grupos de la oposición. Este acuerdo contempla un ahorro en sueldos políticos de 280.000 € anuales, la supresión de todos los cargos de confianza, horario de los plenos por la tarde y creación de una Comisión permanente para vigilar las contrataciones.
Lo legal es que la organización municipal se vote en un pleno convocado los 30 primeros días de la legislatura, propuesto por el Alcalde, y en el que los demás grupos propongan los cambios que estimen convenientes. Pero en este caso Daniel Pérez se “distrajo” de sus funciones, ya que no le gustaban las enmiendas de la oposición, y decidió no permitir su aprobación de varias formas. A pesar de estos intentos, el pleno consiguió aprobar por fin la organización el 30 de octubre de 2015 , pero Daniel Pérez no ha cumplido con lo aprobado en el pleno. Ha preferido prorrogar los sueldos de la legislatura anterior, mantener sus cargos de confianza, y hacer, en definitiva, caso omiso de los acuerdos plenarios, además de impedir algunas votaciones claves como la enmienda a los presupuestos de 2016 presentada por toda la oposición.
Los grupos de la oposición hemos denunciado esta situación irregular y antidemocrática en el Defensor del Pueblo, en la Fiscalía Anticorrupción, en los juzgados de lo contencioso y en los medios de comunicación.
Pero los concejales del PP se resisten. Ahora que la Fiscalía ha comenzado a investigar, y el Defensor del Pueblo está recabando información, algunos concejales y concejalas del Partido Popular a título individual han denunciado al Ayuntamiento por el acuerdo organizativo que aprobamos. Esto supone:
Aunque el Ayuntamiento debería defender el acuerdo democráticamente aprobado por el pleno, se da la paradoja de que uno de los concejales del PP ejerce las funciones de letrado municipal; por lo tanto los denunciantes y los defensores serán los mismos.
La denuncia presentada por el PP retrasa la investigación de la Fiscalía y el Defensor del Pueblo hasta que los juzgados se pronuncien. Mientras tanto los Concejales del PP seguirán cobrando sus sobresueldos.
3. Si nadie se persona, el acuerdo legítimamente aprobado sería nulo. Para salvar la democracia en el Ayuntamiento, los grupos CAMBIEMOS GALAPAGAR y GALAPAGAR EN COMUN –IU nos hemos personado en la causa, con el esfuerzo económico que esto supone (es necesario pagar abogado y procurador) para las dos organizaciones locales, que no cuentan con ninguna financiación de partidos de ámbito nacional.
La triste realidad es que la democracia no está garantizada en nuestro municipio, cuando los plazos de la ley son tan largos para cumplirse, y se utilizan los subterfugios jurídicos para impedir que la voluntad política mayoritaria se lleve a cabo. Trampas legales, que finalmente compensan al que las comete. Igual que robar mucho dinero en España sale barato, no cumplir con los acuerdos de pleno también.