El Faro | Martes 19 de abril de 2016
La Comunidad de Madrid comienza a personarse en los procesos penales seguidos por causas de muerte, agresiones graves o casos de especial relevancia por violencia de género, ejerciendo como acusación popular en el caso de la mujer que falleció el pasado 4 de enero víctima de esta lacra. La medida, contemplada en la Estrategia contra la Violencia de Género, quiere ofrecer el máximo apoyo, ayuda y asistencia a las víctimas y sus familias.
El pasado 4 de enero falleció Mariana C. R, de 42 años, a manos presuntamente de su pareja, en el que fue el primer caso de muerte por violencia de género de este año y también el primero tras la aprobación de la Estrategia regional. Ese mismo día, la Dirección General de la Mujer solicitó a la Abogacía General de la Comunidad de Madrid el informe previo relativo al ejercicio de la acción popular en el proceso penal mencionado, y unos días más tarde la Abogacía General contestó con un informe favorable.
Ahora, el Gobierno de Cristina Cifuentes anuncia que se personará en éste caso, como hará en los posibles futuros procesos de esta índole para que las víctimas y sus familiares sientan el apoyo y el compromiso del Ejecutivo regional.
La violencia de género constituye uno de los problemas más graves de la sociedad actual, no solo por la enorme magnitud del fenómeno, sino también por la gravedad de las consecuencias personales, sociales y económicas derivadas del mismo. En lo que va de año, quince mujeres han sido asesinadas en España, una de ellas en la Comunidad de Madrid.
ESTRATEGIA DE VIOLENCIA DE GÉNERO
La Comunidad de Madrid ha puesto en marcha la Estrategia contra la Violencia de Género, que contiene 160 medidas y a la que se van a destinar 272 millones de euros, orientados a mejorar las medidas y actuaciones en materia de prevención y sensibilización; consolidar un modelo de atención integral a las víctimas; incrementar los mecanismos para llevar una evaluación y un seguimiento más continuado de las actuaciones; promover estudios e investigaciones que permitan conocer mejor la realidad de la violencia de género; y mejorar los recursos y medidas dirigidas a aquellas víctimas de violencia de género más vulnerables.