La ‘patata caliente’ del túnel-parking queda ahora en manos de la Fiscalía

El pleno celebrado por el Ayuntamiento de Collado Villalba el pasado 25 de febrero, aprobó con los votos del PP, Cambiemos Villalba, IU y Ciudadanos y la abstención del PSOE, que este consistorio se personase como acusación particular pidiendo la reapertura de la investigación llevaba a cabo por el Juzgado número 2 de Collado Villalba, tras la denuncia presentada en su día por el sindicato Manos Limpias y el Partido Popular, todo ello en relación con la obra del túnel-parking de Honorio Lozano, archivado provisionalmente por la incomparecencia de los dos denunciante anteriormente citados, una obra muy polémica que fue adjudicada el 19 de abril de 2006, por el Ejecutivo local presidido por entonces por el socialista José Pablo González a la UTE formada por las empresas Ortiz-Cover, por importe de 17.200.505,59 euros y con un plazo de realización de doce meses. Su coste final superó los cien millones y la duración de la obra se triplicó, generando con ello un gran descontento entre la ciudadanía de voto tradicionalmente socialista, malestar que quedaría plasmado en las elecciones municipales celebradas en 2011, donde el PP consiguió una amplia mayoría absoluta, 14 concejales, mientras los socialistas, liderados nuevamente por José Pablo González ,sufrieron un tremendo varapalo, pasando de 14 a seis ediles al obtener solo el respaldo del 24,52% de los villalbinos.



Nuevas denuncias
Un mes antes de que el Consistorio diese el visto bueno a la reapertura de la investigación sobre dicha obra, un mes antes, Julio José Henche Morillas y Bernardo Arroyo Abad, concejales del grupo municipal de Ciudadanos , habían presentado en el Juzgado de Instrucción número 2 de Collado Villalba, una denuncia sobre la Concesión y ejecución de la obra del túnel-parking de las calles Honorio Lozano y Batalla de Bailén y, también, sobre la posterior modificación del Contrato Público, señalando al respecto “que se falseó el informe geotécnico que sustentó el proyecto inicial de la concesión, con el propósito de que una vez afloraran los problemas que se sabía iban a surgir en la excavación, habida cuenta de la composición del suelo y el nivel freático, se creara la base para una modificación del mentado proyecto que no es sino un proyecto original encubierto por un importe sensiblemente superior al original en el que se excluye la base concursal”.

Tras una amplia exposición sobre los pormenores administrativos y técnicos del contrato y los errores cometidos en el proyecto que “ocasionaron un aumento del presupuesto inicial del 54,41 por ciento sobre la suma del original y del modificado”, el Consejo de Estado, en su informe de 18 de septiembre de 2008 recoge que “el estudio geotécnico no había contemplado la mayor proporción de roca en todo el trazado de la obra, que aparecía de forma inopinada a escasos centímetros del pavimento y de las edificaciones, y había concluido que el terreno era homogéneo, cuando en realidad había diversidad del material encontrado, y el macizo rocoso aparecía fracturado. Además en los sondeos realizados en el estudio geotécnico, que había servido al proyecto, no habían detectado agua, y que sin embargo había aparecido durante la ejecución de la obra a escasos metros de profundidad”.

Por todo lo anterior, Henche Morillas y Arroyo Abad exponen que “Resulta altamente sospechosa la falta de actuación del Ayuntamiento de Collado Villalba que, a pesar de los gravísimos errores que supone el geotécnico para la redacción del proyecto y las gravosísimas consecuencias para las arcas municipales, nada hizo para resarcir los daños infringidos por la presunta negligencia de Tecnica Ingeniería y Juan Polín Guillén”, añadiendo, seguidamente: “el resultado del proceso de adjudicación y ejecución de la concesión descrita constituye una trama burda para favorecer a la adjudicataria en la realización de unas obras multimillonarias, cuya necesidad no estaba en modo alguno justificada y que han arruinado y sin lugar a dudas condicionan y condicionarán durante décadas la gestión económica del municipio en perjuicio de sus habitantes. El desembolso total de la infraestructura (20 millones) crecieron hasta 40. Más el canon anual a pagar a la adjudicataria de la obra hasta el año 2046, se dispara a la inabarcable cifra de 111 millones, según un informe del secretario municipal. Las aportaciones del erario público municipal pasaron de 3,7 millones de euros y un canon anual de 600.000 a otras aportaciones de 14 millones de euros y un canon anual que en la actualidad va por 1,4 millones de euros pero que se verá incrementado gradualmente cada ejercicio durante los 30 años que quedan hasta 2046”-
En el séptimo y último punto, los dos concejales denunciantes de Ciudadanos, dicen: “Entendemos que los aspectos reseñados no han sido considerados en la instrucción y muy probablemente han sido ocultados con el premeditado propósito de que prescriban las responsabilidades de los que han participado en la trama, se consoliden los intereses económicos particulares articulados con los hechos denunciados en perjuicio de bienes y fondos públicos y en consecuencia de los intereses de los habitantes de toda una ciudad, y en definitiva se subvierta el principio de legalidad, que no es otra cosa que la aplicación de la Ley a la que estamos todos sujetos y en especial las entidades y cargos públicos. Por todo lo expuesto -concluyen los denunciantes ,- solicitamos al Juzgado número 2 de Collado Villalba tenga por presentado este escrito en el ejercicio de la acción popular, por conocimiento de hechos o documentos en razón de su cargo público, y en concordancia con el art. 779.1ªde la LECRIM en relación con el 641, por existir hechos o documentos que podrían no haber sido considerados en la fase de instrucción, se ordena la reapertura del procedimiento y la práctica de las nuevas diligencias a los efectos de determinar posibles responsabilidades penales”
Traslado a la Fiscalía
Con fecha 8 de marzo de 2016 , la magistrada-juez del Juzgado de Instrucción número 2 de Collado Villalba, Sara Rodríguez Huertas, emite una providencia, en la que dice que “la personación de la representación de Ciudadanos [Julio Henche Morillas y Bernardo Arroyo Arroyo Abad], como acusación popular en las presentes actuaciones sobre la base del art. 125 de la Constitución, no ha lugar a la misma al no concurrir en el solicitante los requisitos previos a los art. 110 de la L.E.Crim, 101 de la L.E. Crim, 125 de la Constitución y 19 de la L.O.P.J, todo ello conforme a la interpretación que respecto de los preceptos referidos hace la Sala Segunda del Tribunal Supremo en sentencia de fecha 26/02/2013, traída a colación en este mismo precepto con ocasión del dictado del Auto de la Audiencia de Madrid (Sección 7ª), de fecha 13 de enero de 2014. Todo ello sin perjuicio de reapertura la presente causa a la vista del informe aportado en autos mediante escrito presentado en este Juzgado de fecha 26/02/16, dando traslado del mismo al Ministerio Fiscal, titular exclusivo de la acción pública penal conforme al art. 124 de la Constitución según determina la citada resolución en la Ilustrísima Audiencia Provincial de Madrid”
Sobre dicha providencia, días más tarde, la representación jurídica del ex alcalde socialista, José Pablo González Durán, bajo cuyo mandato se aprobó la realización de estas obras, manifiesta en el punto sexto: “De todo ello se desprende, sin asomo alguno, que el escrito presentado por Ciudadanos no aporta hecho, dato o indicio alguno nuevo, que no obrara en las actuaciones y no fuera tenido en cuenta por el Juzgado al dictarse el auto de sobreseimiento provisional de fecha 29/05/2014 por lo que no resulta procedente que por el Juzgado se acuerde la reapertura del presente procedimiento”