El Área Homogénea Norte de Torrelodones

El intento de recalificación del Área Norte de Torrelodones (AHN) fue el asunto más polémico y delicado vivido por este municipio en relación con los temas urbanísticos. Su alcalde, Carlos Galbeño (PP) fue quien potenció el proyecto de recalificar esta zona donde se proyectaba construir 1.500 viviendas y un ampo de golf en terrenos no urbanizables y especialmente protegidos.

Fueron los ediles populares, Tintó del Val y Pacios, quienes iniciaron las denuncias y por tanto fueron destituidos y apartados del Equipo de Gobierno.”Nuestro posicionamiento crítico -dijeron- molestaba al alcalde y a otros dirigentes del PP local”. El 22 de agosto de 2007, estos dos concejales acuden a la Fiscalía Anticorrupción de Madrid para denunciar los que ellos consideraban una grave irregularidad urbanística.

Y ahí es donde comienza el escándalo, sobre todo al salir a la luz pública, entre otras cosas, que quien controlaba los temas de urbanismo en este municipio era Mario Mingo, ex alcalde, amigo desde años de Eduardo Morales, consejero delegado de C-15 y de la constructora vinculada a su fundación (Fundación para la Promoción de Estudios Superiores), de la que también se llegó a decir que había informes bastante polémicos, sobre todo por haberse reservado opciones preferentes de compra sobre unos terrenos protegidos ambientalmente diez meses antes de que los recalificase el gobierno local. El día 26 de agosto, se filtra que las empresas C-15 y Accord habían presentado a los propietarios de unos terrenos del Área Homogénea el proyecto urbanístico de construcción un año antes de que el Ayuntamiento anunciase su pretensión de convertir los mismos en urbanizables. Casi a la par, algunos medios publican que la hermana del alcalde del Torrelodones, María Isabel Galbeño González, había comprado a través de una empresa familiar, terrenos en una zona protegida que había sido recalificada por el Ayuntamiento. Precisamente la hermana del regidor local, Carlos Galbeño, era la consejera delegada de esa empresa conocida por Cimaga, cabecera de un grupo d empresas donde también estaban los sobrinos de aquel. Algunos propietarios de estos terrenos reconocieron haber recibido ofertas para vender a Cimaga y a otras empresas del grupo constructor meses antes del inicio del periodo de recalificación de los mismos.

Es conveniente destacar que antes del estallido de este conflictivo asunto, siete expertos del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), había elaborado un informe oficial donde quedaba de manifiesto su oposición a los planes del Ayuntamiento de retirar la protección a esta zona, por considerar que el Ejecutivo local pensaba sólo en la rentabilidad económica, olvidando el medio ambiente. “Pretender dejar unas manchas en el arbolado autóctono insertas en la mitad de un campo de golf -decía este informe-, es algo inadmisible desde el punto de vista de protección de la naturaleza”. Este informe también señalaba que el AHN “constituye una magnífica representación del bosque mediterráneo, con 20.000 ejemplares de encinas, más de 1.000 enebros (muchos de ellos centenarios) y una fauna rica y diversa: pico gordos, currucas, pitos reales, zorros y ardillas, entre otros”
En el mes de septiembre de ese mismo año, los ediles expedientados Tintó y Pacios, anunciaron que tenían una grabación en la que el concejal de Urbanismo de Torrelodones, Julián Nieto, reconocía haber recibido presiones del alcalde para que adjudicase un concurso municipal a la empresa del excuñado de Mario Mingo, ex alcalde y presidente del PP local. Pocos días después de producirse la grabación, según Pacios, el Ayuntamiento contrató a la empresa del excuñado de Mingo para hacerse cargo de las zonas verdes del municipio. Nieto posteriormente lo negó todo y el alcalde, además de criticar a los concejales, los denunció por injurias en un juzgado de Collado Villalba.

Después de todo esto, en el pleno celebrado por el Ayuntamiento el 28 de septiembre se aprueba retirar algunas competencias urbanísticas al Ejecutivo popular y se crea una comisión de investigación para analizar las presuntas irregularidades cometidas.

Nuevas denuncias
Pero las denuncias y las acusaciones entre las partes continuaron y así, un mes más tarde, Jesús María Pacios y Reyes Tintó acuden a la Fiscalía Anticorrupción para presentar una denuncia sobre las presuntas irregularidades cometidas por el Ayuntamiento, donde además del intento de recalificación del Área Homogénea Norte, había otras no menos importantes. Los denunciantes aseguraban que el promotor local, Ángel Nieto, les relató cómo el presidente local del PP, Mario Mingo, le había exigido una ‘mordida’ de 150.000 euros para desbloquear la licencia de obra del aparcamiento que este pretendía construir en Torrelodones. “Siempre me han hecho dar el dinero en el monte, como si fuéramos fugitivos y me decían que el dinero era para el partido”.

Otro asunto no menos polémico fue la contratación por parte del Consistorio del arquitecto Luis Rodríguez-Avial, tras presentar este la oferta más baja. Se le acusó al técnico de haber sido contratado para elaborar las normas subsidiarias del Área Homogénea Norte. Curiosamente este arquitecto había sido compañero de trabajo de Enrique Porto, exdirector de Urbanismo de la Comunidad de Madrid, quien tuvo que dimitir de su cargo al verse acusado por presuntos escándalos urbanísticos en distintos ayuntamientos de la Comunidad de Madrid
Antes los dos ediles, habían declarado a la agencia EFE que estas irregularidades las habían puesto, por escrito, en conocimiento del presidente nacional del PP, Mariano Rajoy y de la presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, además de denunciarlas en la Fiscalía Anticorrupción. Después de varios escritos, al final fueron recibidos por Francisco Granados, por entonces secretario general del PP madrileño, quien al menos inicialmente les dio su apoyo. “En la segunda reunión, dijeron, acudimos acompañados del promotor Ángel Nieto, de su hermano y de sus padre que confirmaron lo de las ‘mordidas”. Posteriormente hubo otras reuniones en las que además de Granados, estaba Paloma Adradas (diputada de la Asamblea de Madrid y jefa del gabinete de Granados) y Cristina Cifuentes secretaria ejecutiva del PP y diputada regional. Tintó también aseguró a la Agencia EFE, que habían entregado personalmente a Granados todas las pruebas sobre estas denuncias. En cuanto a las amenazas recibidas por parte del Alcalde, Carlos Galbeño y del diputado nacional Mario Mingo, de querellarse contra ellos, su respuesta fue: “Que hagan lo que quieran. Nosotros tenemos todo tipo de pruebas al respecto. Estamos tranquilos porque lo que no puede ser es que calles las irregularidades cometidas por tus propios compañeros de partido. Esto no es una guerra personal, ni tenemos nada contra nadie. Que la Fiscalía investigue”
Mucho ruido y pocas nueces. La Fiscalía archivó el caso y los dirigentes del Partido Popular, miraron para otro lado


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