Numerosos 'esqueletos' de promociones sin terminar inundan España
Caso ‘Fuente Elvira’
Medio centenar de chalets sin terminar de construir y una decena ‘okupados’ ofrecen un desolador espectáculo. 64 familias llegaron a pagar 120.000 euros por unas viviendas que no pudieron habitar
El Faro | Lunes 07 de marzo de 2016
El Ayuntamiento de Galapagar que preside Daniel Pérez Muñoz (PP), hizo público el pasado jueves un comunicado en el que decía: “cuatro sentencias judiciales han dado la razón al gobierno local y eximido de responsabilidad alguna al consistorio en el caso de la Urbanización Fuente Elvira tras las denuncias presentadas en esta última década por representantes de urbanizaciones y asociaciones de vecinos, donde denunciaban la existencia de irregularidades urbanísticas en esta promoción”. También los propietarios de algunos chalets a medio construir, presentaron denuncias en los tribunales contra el Ayuntamiento y la promotora de estos chalets por no poder ocuparlos al carecer los mismos de una red de saneamiento.
Tras conocer la noticia, el alcalde galapagueño anunció que convocaría de inmediato una sesión extraordinaria con el fin de aprobar inicialmente los estatutos y las bases de actuación de la Junta de Compensación que, conformada por los propietarios de las viviendas y el propio Ayuntamiento, deberá presentar el nuevo proyecto de urbanización y parcelación de esta zona.
Un largo contencioso
Fue en el mes de junio de 2007, cuando el Tribunal de Justicia de Madrid emitió dos sentencias por separado sobre los acuerdos “cuatro y cinco de la Comisión de Gobierno celebrada por el Ayuntamiento de Galapagar el día 29 de octubre de 2002, en la que se declaraban “nulos y sin posibilidad de recurso los acuerdos relacionados sobre los proyectos de compensación y de urbanización de la actuación número siete, conocida como Fuente Elvira. En este contencioso relacionado con el proyecto de compensación también se demandó al Ayuntamiento de Galapagar, a los promotoras urbanísticas 2MC Gestión y Consultoría Lanzamar S.A.”
A principios de 2007, El Faro del Guadarrama anunciaba que Fuente Elvira podría convertirse en el asunto urbanístico más grave de Galapagar, puesto que 64 familias habían adelantado una media de 120.000 euros (20 millones de las antiguas pesetas) por unas viviendas que no iban a poder habitar. Y el caso, lejos de solucionarse fue a peor, provocando numerosos enfrentamientos y denuncias tanto políticas como judiciales entre afectados y administración.
Este contencioso dio comienzo en el año 2001 cuando el Ayuntamiento, por entonces presidido por el socialista Manuel Cabrera, creó una Comisión de Investigación que remitió una información incompleta e imprecisa a la Comunidad de Madrid, donde explicaba los problemas que tenía Fuente Elvira a la hora de verter sus aguas fecales en el límite de Colmenarejo, concretamente en la vertiente del arroyo Membrillo, vertidos que el Ayuntamiento no aceptó y así se mantuvo pese a los dictámenes favorables de la Comunidad de Madrid. Una urbanización fantasma
En Fuente Elvira, una urbanización, actualmente semi-abandonada a su suerte, el proyecto inicial contemplaba la construcción de 70 chalets de 250 metros de superficie, distribuidos en dos plantas más ático que actualmente se encuentran semi-abandonados, lo que convierte a este paraje en un barrio fantasmal con casas a medio construir, salvo una decena de viviendas que están siendo utilizada por ocupas. El medio centenar restante se desparrama a lo largo de varias calles repletas de escombros, alcantarillas sin tapas, sumideros sin rejas, farolas sin luces y todo tipo de basura.
Los promotores reclamaron en su día al ayuntamiento por los daños ocasionados por la paralización de esta urbanización, pero el 10 de octubre de 2013 -así lo recogía el diario El País-, el Juzgado número 31 de lo Contencioso Administrativo eximió al consistorio galapagueño de la responsabilidad patrimonial solicitada por la promotora Villa 2001 S.L. por un importe de 21 millones de euros. El fallo consideraba que la situación creada se podía revertir presentando nuevos proyectos que subsanaran las deficiencias. Esta sentencia fue ratificada el año pasado por el juzgado número 7 de lo Contencioso Administrativo.
Mientras tanto, las entidades bancarias que se vieron afectadas por esta situación miraban hacia otro lado sin ánimo de complicarse la vida y el Ayuntamiento, según un portavoz municipal, calificaba este asunto “como un tema enquistado que vamos a intentar resolver colaborando con los responsables de la promoción ¿?, para que presenten un nuevo proyecto de urbanización y compensación conforme a la normativa vigente. No podemos seguir teniendo en nuestro municipio una urbanización fantasma”